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POLÍTICA

Entre críticas de la oposición y el sector industrial, el Gobierno promulgó cambios en el Impuesto a las Ganancias para empresas

La Ley 27.630 se aprobó en el Senado hace dos semanas con una fuerte resistencia de Juntos por el Cambio.

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El Gobierno nacional promulgó este miércoles la Ley 27.630 que impulsa cambios en el régimen del Impuesto a las Ganancias para las empresas. La iniciativa que se aprobó el pasado 2 de junio en el Congreso fija nuevas escalas para definir el monto que deberán desembolsar las compañías en bases a sus ingresos. Según señalan desde el Ministerio de Economía, con esta medida se busca aliviar a los pequeños y medianos empresarios.

La promulgación la hizo través del Decreto 387/2021 publicado en el Boletín Oficial con la firma de Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán. El texto incluye una nueva tabla de escalas que fija una alícuota mínima del 25% para las empresas que registren una ganancia neta imponible acumulada de $5.000.000, grupo en el que ingresarían las Pymes.

Un escalón por encima están las empresas con ganancias netas acumuladas de más de 5 millones de pesos y que no superen los $50 millones. En este caso deberán abonar un tributo de $1.250.00 más el 30% sobre el monto que exceda de los cinco millones. Por último, aquellas compañías que registren ganancias netas acumuladas que superen los 50 millones de pesos tendrán que desembolsar $14.750.000 más el 35% sobre el excedente de los $ 50 millones.

Además de la escala de las alícuotas, la norma dispone que los establecimientos permanentes quedan sujetos a esa escala y deberán ingresar la tasa adicional del 7% (en la redacción anterior era del 13%) al momento de remesar las utilidades a su casa matriz. Los montos se ajustarán anualmente, a partir del 1 de enero de 2022, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, se establece que se pueden deducir de las ganancias de tercera y cuarta categoría las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia y socios administradores en las SA, SRL, asociaciones, fundaciones, cooperativas, fideicomisos y fondos comunes de inversión. Las sumas a deducir no podrán exceder el 25% de las utilidades contables del ejercicio, o hasta la que resulte de computar 12.500 pesos.

La medida fue aprobada en el Senado el pasado con 36 votos a favor y 26 en contra impulsados por la resistencia de la oposición. «En Argentina parece que está mal ser una gran empresa y lo que está mal es no controlar cuándo tienen abuso de posición dominante, lo que está mal es no controlar fusiones o adquisiciones, como pasó en el kirchnerismo, o no aplicar nunca una Ley de Defensa de la Competencia y destrozarla”, señaló el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau.

Según manifestaron desde el Palacio de Hacienda, este sistema escalonado de acuerdo a la ganancia de cada empresa aliviaría la presión fiscal sobre el los grupos más pequeños y el golpe fiscal al Estado se equiparará con el desembolso que deberán hacer las compañías más grandes. En tanto, desde el sector empresarial niegan que esto sea cierto y subrayan que «ningún sector» pagará menos tributo a partir de esta legislación.

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