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POLÍTICA

Avances de la Justicia sobre la causa del desvío de armas a Bolivia durante la presidencia de Macri

La UFIARM concluyó con su investigación preliminar y ahora las miradas estarán puestas en la Justicia Nacional en lo Penal Económico.

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Esta tarde, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) confirmó que concluyó su investigación preliminar por el desvío de armas al Estado Plurinacional de Bolivia. En esta causa se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros exfuncionarios, aunque esta decisión fue impulsada el pasado viernes por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, Claudio Roberto Navas Rial.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el cotitular de la UFIARM, Gabriel González Da Silva, solicitó una serie de informes a distintos organismos estatales, a fin de establecer si el Estado Argentino colaboró con la Fuerza Aérea Boliviana y entregó armas y/o municiones y /o pertrechos de uso militar o policial y/o material bélico o de agentes químicos, supuestamente a fin de reprimir las protestas provocadas a raíz de la salida del entonces Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y su reemplazo por Jeanine Añez, quien, actualmente, se encuentra detenida en la capital boliviana.

De esta manera, tras la denuncia realizada por el Gobierno nacional, el representante del MPF estimó que correspondía “judicializar la presente investigación para su prosecución por ante la aludida sede judicial” en relación a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, a cargo de Javier López Biscayart. Con esta decisión, el Ministerio Público Fiscal evitaría “incurrir en una doble persecución penal, respecto de un hecho que ya se encuentra bajo la órbita de un juez de esa competencia, en instancia judicial, circunstancia que, de no ser debidamente observada, podría implicar un exceso en facultades y atribuciones del MPF”.

El pasado viernes, Navas Rial imputó en los hechos al entonces presidente Mauricio Macri; a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a su ministro de Defensa, Oscar Aguad; al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente. La decisión surgió por la denuncia impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

El fiscal señaló que “la persona que habría autorizado el traslado de un grupo de Gendarmes con quienes, supuestamente, se transportaron los pertrechos en cuestión, fue la entonces Ministra de Seguridad y la provisión del avión que transportó el equipo humano y material habría sido provisto por el Ministerio de Defensa de la Nación, entonces a cargo de Oscar Aguad (…) Por último, entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri”, cerró Naval.

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