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Santiago Maldonado

SOCIEDAD

Caso Santiago Maldonado: archivaron el juicio político del primer juez que investigó su desaparición y muerte

La denuncia la habían elevado los entonces legisladores Victoria Donda, Myriam Bregman y Horacio Pietragalla.

El Consejo de la Magistratura cerró sin pronunciamiento y por el paso del tiempo el pedido de juicio político contra el primer juez federal que investigó el caso Santiago Maldonado. Se trata del magistrado de Esquel, Guido Otranto, por el presunto mal desempeño en sus funciones en la investigación por la desaparición y muerte del artesano entre agosto y octubre de 2017.

El juicio político había sido pedido en 2018 por los entonces legisladores de tres fuerzas políticas diferentes, siendo estos Victoria Donda, por Libres del Sur; Myriam Bregman, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), y Horacio Pietragalla, por el Frente para la Victoria (FPV). Donda es hoy titular del Inadi y Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, informó NA.

Maldonado, un artesano que apoyaba los reclamos territoriales de la comunidad mapuche, desapareció el 1º de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado 77 días después, flotando en el Río Chubut el 17 de octubre de ese mismo año.

En su reciente dictamen, el Consejo recordó una reglamentación vigente que establece que “la decisión de abrir un procedimiento de remoción o disciplinario de magistrados no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado”. Esa reglamentación dispone, además, que “cumplido el plazo sin haberse tratado el expediente por la Comisión (de Disciplina y Acusación), éste pasará al plenario para su inmediata consideración”.

La resolución fue adoptada en el último plenario del Consejo –señaló la citada agencia– y dice: “Se analizó al expediente de referencia y toda vez que la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones fue presentada el 23 de mayo de 2018, ha operado de pleno derecho el plazo legal establecido”, concordaron los consejeros, según el acta firmada por el presidente del cuerpo, el abogado Diego Molea, y el secretario general, Mariano Pérez Roller.

Bregman, Donda y Pietragalla habían pedido el juicio político de Otranto sosteniendo que “estaba al tanto del hostigamiento que venían sufriendo las comunidades mapuches desde la primera represión, meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado”. Los entonces legisladores denunciaron irregularidades previas y durante la investigación y atribuyeron a Otranto conductas que calificaron como “mal desempeño en sus funciones”. La causa aún está abierta.

En este sentido, el juez fue apartado de la investigación justamente por esas presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso, en una decisión que tomó tempranamente la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En su lugar, fue designado como subrogante para ese expediente el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.

De hecho, había convocado a principios de 2016 a una mesa de diálogo de la que participaba la Comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen, pero la suspendió un año más tarde. “Esas arbitrariedades permitieron que Gendarmería pudiera desalojar la ruta y entrar ilegalmente al Pu Lof donde desapareció Santiago y después apareció sin vida”, había resumido el entonces legislador Pietragalla al formula el pedido de juicio político.

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