Conecta con nosotros

Hola, ¿Qué estás pensando?

El Intransigente
Hidrovía Paraná - Paraguay

POLÍTICA

El Gobierno toma el control de la Hidrovía Paraná por un año y crece la influencia del Instituto Patria

La Administración General de Puertos se hará cargo de la administración y mantenimiento mientras terminan los pliegos de licitación.

banner

El Gobierno nacional oficializó este jueves que la cesión de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la Administración General de Puertos (AGP), quien por un año estará a cargo del control y la administración del corredor fluvial más importante del país. Desde el Ministerio de Transporte insisten en que este plazo se buscará pulir los pliegos de licitación y llamar a concurso nacional e internacional, mientras tanto las tareas quedan en manos de un hombre del Instituto Patria.

Si bien desde el Ejecutivo ya habían adelantado la medida, el Decreto 427/2021 se publicó hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. En medio de una disputa interna entre los albertistas y los kirchneristas más cercanos a la Vicepresidenta, el Instituto Patria pudo imponerse y logró que el Estado intervenga a pesar de la negación inicial del Jefe de Estado.

Días atrás, Guerrera explicó que el objetivo del Gobierno va a ser contar con «tiempo suficiente para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad» de la Hidrovía y agregó que «se está trabajando para realizar una licitación corta que consista en el mantenimiento de lo que hoy está pasando. Esto de que no habría obras nuevas planteadas durante 12 meses es a lo que estamos llamando licitación corta».

Por lo tanto, desde el Ejecutivo niegan que esta intervención sea por más de un año, sino que solo se recortaría a los plazos necesarios para el armado de los pliegos para una licitación a largo plago en la que participarán provincias, universidades y otras áreas del Gobierno. De este modo se definiría el tema por 30 años y, según Guerrera, podrían competir «chinos, japoneses, franceses y belgas también».

Punto por punto

El DNU consta de cuatro artículos. El primero modifica el Estatuto de la AGP y agrega el siguiente apartado: «También podrá asumir la concesión de obras y/o la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen y/o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros».

Por otro lado, el segundo artículo confirma que se otorga al organismo «la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal». De este modo, el Gobierno le pone fin al contrato con la empresa belga Jan de Nul y su socio local Emepa, quien desde 1995 y hasta hoy se encargaron de las mencionadas tareas.

En el artículo 3 se concentran las mayores definiciones. En este apartado indica que la AGP, que se encuentra intervenida y su máxima autoridad es el santacruceño kirchnerista José Beni, tomará el control por 12 meses aunque podrá ser prorrogable hasta que la compañía licitada tome servicio. No obstante, el organismo actuará siempre bajo la supervisión del Ministerio de Transporte y podrá contratar a terceras empresas para realizar tareas de dragado.

La cartera que conduce Guerrera tendrá que definir la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje que percibirá la Administración General de Puertos y el procedimiento para una eventual revisión. Asimismo, tendrá que delimitar los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y/o secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal «para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato».

A su vez, Transporte y la AGP deberán definir el «plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución», como así también «la autoridad de control actuante y sus alcances» -conjuntamente su evaluación- y «el régimen de los bienes otorgados en concesión y la obligación de realizar inventario».

Asimismo, desde el Ministerio de Transporte instruyeron al organismo que conduce Beni a que en los contratos que celebre «incluya la incorporación del personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1366/14, prestando servicios para la misma».

Por último, se insta a la cartera que conduce Alexis Guerrera a que que paute la «intervención de la Sindicatura General de la Nación, de la Auditoría General de la Nación y de todo otro órgano cuya actuación coadyuve al control oportuno y a la transparencia de los actos de ejecución que se lleven a cabo en el marco del contrato de concesión».

El Intrasigente, República Argentina © Copyright 2020 // Todos los derechos reservados