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Cristina Caamaño

POLÍTICA

Espionaje ilegal: Cristina Caamaño aseguró que «de ningún modo puso en peligro la seguridad de la Nación»

En la resolución se argumentaba que «no se permitía la reproducción, duplicación o divulgación de la documentación o información, ya sea a través de medios técnicos o humanos».

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La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamañonegó haber sido la persona responsable de que se filtré la información de los ex empleados del organismo que había sido solicitada por la Justicia. En su declaración, aseveró que «de ningún modo puso en peligro la seguridad de la Nación» y detalló los recaudos tomados para evitarlo.

En este sentido, la funcionaria pidió su sobreseimiento en la causa en la que está imputada frente a la jueza María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Taiano y respondió los cuestionamientos que fueron causados por la filtración de identidades que figuraban en un libro de actas de la AFI que se incorporó a un expediente judicial. «La AFI al remitir la información tomó todos los recaudos necesarios para proteger su contenido de conformidad con las exigencias que la normativa impone», sostuvo según informó Télam.

«Adicionalmente se le brindó a la autoridad judicial requirente pautas claras de actuación que -de haberse cumplido- hubiesen impedido cualquier tipo de filtración», agregó en la indagatoria que duró 45 minutos en la causa que investiga espionaje ilegal desde la Agencia de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri sobre dirigentes políticos, gremiales, sociales y hasta periodistas.

La información divulgada era administrativa e incluía fechas de designaciones de agentes para cumplir funciones en el exterior y en este marco, Caamaño indicó que el material se mandó en formato papel para dificultar su reproducción y acompañado de una resolución que «contiene explicados de manera puntillosa los fines con los que se desclasificó la información, su carácter secreto, y la forma y el ámbito en que podía ser utilizada».

En la misma se argumentaba que «no se permitía la reproducción, duplicación o divulgación de la documentación o información, ya sea a través de medios técnicos o humanos» y que «para el caso que la autoridad judicial requirente considerara necesario el acceso a la información y documentación allí desclasificada era preciso se arbitraran las medidas necesarias para que la compulsa que se realizara, llegado el caso, fuera personal y en la sede judicial donde aquella se encontraba».

«El contenido de aquella copia del libro de actas era de carácter meramente administrativo o burocrático pues no contenía el cuerpo de cada una de las resoluciones que mencionaba, sino una indicación muy escueta del tema al que referían, y no incluía cuestiones de índole operativa vinculadas con la seguridad nacional o la relación con las agencias extranjeras; sino cuestiones meramente administrativas que no tienen absolutamente nada que ver con el tipo de secretos cuya vulneración reclama la norma penal indicada», concluyó.

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