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Estados Unidos se metió de lleno en la discusión sobre el golpe de Estado en Bolivia y apuntó contra la OEA

Se sancionó una ley para investigar al organismo conducido por Luis Almagro, sospechado de propiciar el golpe de Estado en 2019.

Tras la denuncia del Gobierno de Bolivia contra Mauricio Macri sobre el supuesto envío de armas para propiciar el golpe de Estado de 2019, Estados Unidos se metió de lleno en la discusión. La Cámara de Representantes de ese país sancionó este jueves una ley para investigar si la Organización de Estados Americanos (OEA) cometió irregularidades para contribuir en el derrocamiento de Evo Morales, algo a lo que hizo mención el miércoles por el presidente argentino Alberto Fernández.

En este sentido, se pide a la Casa Blanca dirigida por Joe Biden que investigue si las denuncias sin fundamento del organismo conducido por Luis Almagro sobre irregularidades electorales contribuyeron al golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019. Se trata de la Ley de Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero, que ahora pasa al Senado, y pide al Departamento de Estado que busque respuestas de la OEA respecto de su comportamiento en Bolivia para “garantizar que no ocurran otra vez ataques similares contra la democracia”.

Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 ante una “sugerencia” de jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y de que la OEA denunciara irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario. Eso dio lugar a que la vicepresidenta segunda del Senado, la dirigente de derecha Jeanine Áñez, asumiera la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quorum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

En tanto, en diciembre de ese año, la OEA emitió un informe denunciando tácticas “deliberadas” y “maliciosas” durante los comicios para inclinar las elecciones hacia Morales, pero dos análisis rechazaron ello y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban, publicó Télam. A ello se suman los diferentes actos de represión, por los cuales se acusa al Gobierno de Mauricio Macri y también apuntarían contra el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Los impulsores del proyecto son los representantes de la mayoría demócrata Jan Schakowsky y Susan Wild, que desde el mismo noviembre del golpe han estado exigiendo respuestas de la OEA sobre el tema. Su petición es investigar “las declaraciones y acciones altamente controvertidas de la OEA al denunciar fraude en las elecciones de 2019 en Bolivia”.

En este sentido, consideraron la posición de la OEA “contribuyó al derrocamiento del presidente de Bolivia elegido de manera democrática y a la aparición de un régimen no elegido, apoyado por el Ejército y responsable de violaciones masivas a los derechos humanos”. “Pese a repetidas cartas de congresistas, funcionarios de la OEA no han dado respuesta a las preguntas de miembros del Congreso sobre los fundamentos de las afirmaciones de la OEA sobre Bolivia”, prosiguió el comunicado.

Y afirmó contundentemente que “estadísticos de primera línea y medios de comunicación creíbles de todo el mundo han concluido que las declaraciones de la OEA estaban equivocadas y carecían de base factuales”. Por último, aseguró: “Los representantes Schakowsky y Wild seguirán trabajando para garantizar que los miembros del Congreso reciban información creíble en respuesta a toda la serie de cuestiones que ellos y otros colegas han presentado sobre el daño causado a las instituciones democráticas de Bolivia”, concluye el documento.

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