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Fuerte acusación: denuncian que sindicatos usan a las personas con discapacidad para quedarse con fondos del Estado

El Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó un documento con las cifras que se desvían.

Mientras se prepara el desembolso de un subsidio de $11.400 millones para obras sociales sindicales a fin de afrontar el impacto en el alza de costos de los tratamientos por discapacidad, prestadores de servicios y profesionales denuncian que los sindicatos se quedan con la mitad de estos montos. El reclamo sobre un movimiento ilegal que impacta en uno de los grupos más afectados por la pandemia.

De acuerdo a la denuncia elevada por el Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad , las obras sociales sindicales «solo usan la mitad de esos fondos para atender las necesidades de los afiliados». Asimismo, señalaron que esto se hace bajo el aval de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El documento difundido por el Foro precisa que las instituciones que dan servicio a las personas con discapacidad, junto a miles de profesionales y transportistas, sufren un retraso arancelario producto del aumento del 70% en el costo de las prácticas mientras que el año pasado solo aumentaron un 10% sus ingresos desde las obras sociales. «Para este año ANDIS y el Ministerio de Salud aprobaron un incremento escalonado del 34 % (abril 21%; julio 9%; octubre 4%)», apuntaron e hicieron especial énfasis en la importancia que tendrá el subsidio para dar un respiro al sector.

No obstante, manifestaron que los 11.400 millones representan «el 40% de lo que utilizó la Superintendencia de Seguros de Salud para cubrir las prestaciones de todo 2020 con lo que, si el destino de ese subsidio fuera realmente compensar el incremento de estas prestaciones, se les debería haber otorgado un incremento del 40% desde el mes de enero». Sin embargo, ampliaron, el 46% (5.289,99 millones) se destinará a otros fines «que se desconocen».

«Mientras los gremios continúan con la utilización de las personas con discapacidad para hacerse de fondos, el Director Ejecutivo de la ANDIS coloca la sustentabilidad de los organismos financiadores por encima de las personas con discapacidad. Estas medidas no hacen más que acrecentar la crisis en discapacidad. Y las respuestas por parte del Estado y Gobierno continúan siendo insuficientes», cerraron.

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