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Perú: tras perder las elecciones, Keiko Fujimori llamó a movilizarse en «defensa de la democracia»

Con una diferencia de 44.000 votos, el socialista Pedro Castillo reemplazará a Francisco Sagasti en el Ejecutivo.

El lunes por la noche, el socialista Pedro Castillo fue proclamado oficialmente como el nuevo presidente de Perú, tras una ajustada segunda vuelta en junio. Su rival, la derechista Keiko Fujimori, pese a admitir su derrota, llamó a realizar movilizaciones en todo el país en «defensa de la democracia».

En una ceremonia virtual, el presidente del Jurado Nacional Elecciones (JNE), Jorge Salas, proclamó a Castillo como ganador de los comicios del 6 de junio, al imponerse con el 50,13% de los sufragios frente al 49,87% que obtuvo la hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori. La diferencia fue de unos 44.000 sufragios.

«Invoco a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que no pongamos más barreras en esta travesía, y no pongamos más obstáculos para sacar adelante este país. Bienvenida a este espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos», dijo Castillo en su primer discurso después de la decisión del JNE, en un llamado a conciliar posiciones.

Poco antes, la política conservadora había admitido su derrota electoral «como manda la ley», pero convocó a una gran movilización a sus seguidores frente a lo que calificó como la «inminente e ilegítima» proclamación del izquierdista Castillo. «Perú Libre (el partido de Castillo) nos ha robado miles de votos el día de la elección», afirmó Fujimori en la conferencia, informó Reuters.

La segunda vuelta electoral había sido puesta en duda por Fujimori y algunos partidos de derecha que la apoyaron, pese a que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido afirmaron, de forma separada, que los comicios en Perú fueron transparentes.

Es la tercera derrota de Keiko Fujimori, tras perder los comicios del 2011 y el 2016, quien enfrenta una acusación fiscal por lavado de dinero tras recibir aportes de campaña presuntamente ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. Por este caso, en la que la conservadora niega los cargos, la fiscalía anticorrupción ha solicitado 30 años de prisión.

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