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POLÍTICA

Costanera Sur: el negociado inmobiliario impulsado por Larreta que hará perder millones de dólares a los porteños

Denuncian supuesta estafa por parte de la administración porteña en el marco del acuerdo con IRSA para la construcción de «Puerto Madero 2».

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El pasado 19 de agosto la Legislatura porteña aprobó el convenio urbanístico que avala a la empresa IRSA a construir edificios en la Costanera Sur. Esta decisión, además de ceder parte espacios verdes, habría generado una pérdida millonaria para la Ciudad de Buenos Aires. Según denunciaron legisladores del Frente de Todos, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impulsó y aplicó cambios en la valorización del suelo que le generaron números en rojo por US$ 450 millones.

Según explicó la legisladora Claudia Neira, en diciembre del 2020 la administración de Larreta dictó una resolución donde contempla un anexo que detalla el ‘Mapa de Desarrollo Urbano’. Según este documento, la parcela de la empresa IRSA queda subsumida en la Zona 4, junto al barrio de Soldati, y no en Zona 1, como lo está Puerto Madero, que se encuentra lindero a la zona que adquirió la compañía en la década del ’90.

En detalle, el predio de 71 hectáreas, popularmente conocido como la exciudad deportiva de Boca Juniors, está emplazado frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y junto al barrio popular Rodrigo Bueno. «IRSA debería pagar al Gobierno de la Ciudad 715 millones de dólares como valuación global. Sin embargo, con este cambio queda en US$260 millones. Se perdieron US$450 millones en el camino», explicó la representante de la oposición porteña.

Además, la resolución contempla que de los 260 millones de dólares que debe abonar la empresa, un monto de 160 millones sea abonado a través de la cesión de un porcentaje del terreno. «Esa parte no está identificada y cuando uno va a ver, es un espejo de agua que es el cauce del Río de la Plata. Esta la posibilidad de que Estado esté recibiendo como parte de pago un bien de dominio público», explicó.

En tanto, la arquitecta especialista en normativa urbana Gabriela Muzio señaló en declaraciones a Télam que IRSA pagó hace más de 20 años un monto de 50 millones de dólares para quedarse con el terreno, lo que podría actualizarse, «con la norma como está, en 63 millones». No obstante, tras la modificación de la norma impulsada por el oficialismo porteño el número se elevó considerablemente.

Larreta

«Después del cambio de norma, se calcula que podría valer, sólo el terreno, unos 730 millones de dólares», manifestó y agregó: «Los cálculos son aproximados porque no hay información y, además, las formas de negocio económico son variadas en este tema». Estas mismas cifras son las que compartió el legislador todista, Javier Andrade, quien definió al incremento como «una plusvalía urbana de 682 millones de U$S» y denunció que «el oficialismo quiere contarle a la ciudadanía que no hay un negocio».

Salto en el valor de las acciones

Por otro lado, al conocerse la noticia del tratamiento en la Legislatura porteña -que luego se truncó- la cotización de las acciones de IRSA Propiedades Comerciales en ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) pegaron un salto de 28%. Además, también registró un salto del 5,8% ñas acciones de IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima). En Wall Stret, la escalada fue del 20,4%.

“IRSA compra un terreno barato porque la norma le pone límites a la constructividad. Pasa el tiempo y consigue que la Legislatura debata el cambio de norma. El terreno pasa a valer U$S 1600 millones más y las acciones de IRSA suben un 28%.¿Cómo se llama la obra? Larreta inmobiliaria”, escribió Santoro en su cuenta de Twitter sobre el desarrollo del entramado.

Audiencias públicas

Al incluir el cambio de una norma urbanística, el acuerdo entre IRSA y el Gobierno porteño debe tratarse como una ley de doble lectura, es decir, deben realizarse dos votaciones en el recinto y, en el medio, una audiencia pública en la que la ciudadanía manifiesta su opinión. El primer paso se dio hace poco más de dos semanas cuando el proyecto se aprobó por 37 votos a favor y 20 encontrar.

Ante escenario, el Frente de Todos y organizaciones sociales que rechazan el proyecto convocan a la ciudadanía a participar de las audiencias públicas que comenzarán el próximo 15 de octubre.

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