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POLÍTICA

Falta de mérito: exfuncionarios de Mauricio Macri recibieron una buena noticia judicial

La Cámara Federal Porteña ordena a la jueza Capuchetti «a continuar la investigación del caso con ‘celeridad’»

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En junio de 2019, los diputados del Frente Para La Victoria (FPV) Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade denunciaron a exfuncionarios de la gestión de Mauricio Macri por presuntos delitos en la renegociación de los peajes de autopistas entre 2016 y 2018 en la causa que se denominó “Peajes”. Este jueves, la Cámara Federal porteña confirmó falta de mérito para Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías.

De acuerdo a la información de Vanesa Petrillo, el Tribunal de Apelaciones, compuesto por Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes votaron a favor de la resolución, y Roberto Boico, quien se mostró en disidencia, ratificó la falta de mérito al exministro de Transporte Dietrich, al exministro de Economía Dujovne, al extitular de la Vialidad Iguacel, y al exprocurador del Tesoro de la Nación Saravia Frías. Vale recordar que en primera instancia fue la jueza federal María Eugenia Capuchetti quien dictó la falta de mérito a estos funcionarios.

Asimismo, la periodista remarcó que “el fallo ordena continuar la investigación del caso con ‘celeridad’. Hay medidas (como un) peritaje (que están) pendiente. En los próximos días, la causa pasa a (Daniel) Rafecas que comienza a tomar las causas del juzgado vacante de (Rodolfo) Canicoba Corral, entre ellas (Causa) Peajes. Hasta ahora, a cargo de Capuchetti”, continuó la periodista especialista en judiciales en una publicación que hizo esta tarde en su cuenta de Twitter.

Iguacel, a indagatoria

Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento, fue llamado a indagatoria, junto con el exministro de Energía, Gustavo Lopetegui, por presunto “peculado” en la venta de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán. Según detalló el fiscal Ramiro González, esta gestión habría generado un perjuicio superior a los 300 millones de dólares. El funcionario judicial solicitó, además, el embargo preventivo y la inhibición general de bienes de los imputados, con el objetivo de “asegurar el futuro decomiso” para cubrir el perjuicio que la venta de las centrales pudo haber ocasionado a las cuentas públicas.

“No se cuestiona la decisión de enajenar las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López. Se reprocha que se haya hecho en perjuicio de los intereses económicos del Estado Nacional. Se vendieron por cifras por debajo de sus valores patrimoniales. Los funcionarios públicos señalados eran quienes debían velar por esas centrales térmicas. En este sentido, podemos observar como modificaciones a los pliegos fueron en detrimento de los intereses que estaban llamados a custodiar las autoridades que hicieron esos cambios. Tampoco fueron actualizando la deuda que se iba cancelando, lo que conllevaba el aumento del valor de las centrales que nunca fue reflejado en los distintos pliegos”, resumió González.

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