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Graciana Peñafort

POLÍTICA

Fuerte advertencia de Graciana Peñafort sobre la decisión de la Legislatura porteña que beneficia a Macri

La abogada aseguró que es “inconstitucional”.

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Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores y abogada de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio declaraciones a la prensa sobre la decisión que aprobó la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que beneficiaría al expresidente, Mauricio Macri. La letrada afirmó que es “inconstitucional” y aseguró que pedirán la derogación de la medida.

Ayer, la Legislatura porteña aprobó con 38 votos a favor y 20 en contra la habilitación al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de revisar causas que se tramitan en la justicia nacional. “No está permitido en los códigos de procedimientos y cambia el sistema de distribución de competencias”, alertó Peñafort en radio AM 910.

En ese contexto, sostuvo que es una situación que ocurre en las provincias porque tienen los poderes que no delegaron a la Nación. “No pasó en Capital Federal porque no es una provincia es un la ciudad federalizada”, explicó la abogada. Del mismo modo, adelantó que tanto la Asociación de Magistrados como el Colegio de Abogados van a pedir la “inconstitucionalidad”.

“La Ciudad Autónoma puede ejercer las competencias de las leyes nacionales. Según la Constitución, la Ciudad tiene contravención de temas locales pero no por los juzgados nacionales”, completó. Además, indicó que beneficia al expresidente porque intentaron llevar “la quiebra de (Mauricio) Macri que pasa por un juzgado nacional a conocimiento del Tribunal Superior de Justicia para conseguir la recusación de jueces nacionales”.

En ese punto y ante la nueva medida, sostuvo que en la anterior ocasión “lo rechazaron y lo quieren hacer por una vía indirecta”. Antes de concluir, volvió a repetir que es un hecho “está expresamente prohibido” y si avanza será “de una gravedad institucional inusitada”. Por último, manifestó: “Este es el problema de tener en la Corte a personas que aceptaron asumir por decreto”.

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