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Aníbal Fernández

POLÍTICA

Se complica para Aníbal Fernández: un abogado presentó una denuncia por su polémico tweet

El letrado, Santiago Dupuy de Lome, llevó el tema a los tribunales de Comodoro Py.

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La polémica por el tweet en el que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, etiquetó al humorista Cristian Dzwonik (Nik) no para y llegó hasta los tribunales de Comodoro Py. El letrado, Santiago Dupuy de Lome, presentó una denuncia penal contra el funcionario por supuesto «abuso de autoridad y amenazas» que quedó en manos del juzgado federal número diez, conducido por el juez, Julián Ercolini.

En la presentación, dada a conocer por NA, el abogado precisó que «el ministro de Seguridad Aníbal Fernández utilizó su cuenta de red social Twitter para amenazar al dibujante Nik indicando al colegio al que van sus hijas y brindando información falsa sobre subsidios que recibe dicha institución» y remarcó: «Me pregunto, ¿esa información, de dónde la saca el ministro?»

Y sin quedarse callado, subrayó: «¿Acaso hacen seguimiento o inteligencia interna prohibida por ley sobre quienes son críticos del Gobierno?» y en consecuencia, sostuvo que «estas son cuestiones muy graves que no pueden ni deben ser pasadas por alto, ya que, remiten a un pasado muy grave de la historia». Además, cuestionó fuertemente el proceder de Aníbal Fernández como funcionario de Gobierno.

«Quien como ministro debería de ocuparse de la seguridad se ocupa de amenazar a un dibujante y sus hijas menores por el simple hecho de criticar y dice semejantes falsedades tirando lo que vulgarmente decimos carpetazos», recalcó. Si bien aún no se identificaron los delitos establecidos en la denuncia, el letrado solicitó que «se tenga a bien actuar con la seriedad y celeridad que el caso amerita».

Ante la denuncia presentada por Dupuy, la agencia de noticias indicó que la Oficina de Sorteos de los tribunales federales de la Ciudad consideró como posibles delitos los de «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas», cuya pena puede ir hasta los dos años tras las rejas.

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