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«Tarde y mal»: contudente crítica sobre el funcionamiento de la Justicia en Argentina

El fiscal federal, Federico Delgado, cuestionó duramente al sistema judicial de nuestro país.

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Tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema, además del debate en torno a su reemplazo, se dio otra discusión respecto al funcionamiento de la Justicia en Argentina. Hoy Federico Delgado se mostró muy crítico y aseguró que «el dispositivo judicial está agotado» por lo tanto «hay que repensarlo». «La justicia llega tarde y mal», afirmó.

Esta mañana diálogo con Crónica Anunciada en la Radio Futuro Rock, el entrevistado sostuvo que «hay que sentarse con franqueza a pensar cómo hacer para que la Justicia llegue de forma igualitaria» y recordó que «hace unos años decía que un sector de la Justicia se había escapado de la Constitución». En ese sentido, aseveró que «hay un uso privado de los expedientes».

Además indicó que si bien «cada uno puede tener los amigos que quiere, hay un problema moral de los asuntos públicos» por lo que consideró «vital preservar las formas». Frente a ese panorama, instó a «apropiarse socialmente de la cuestión judicial». «Todos fallaron en hacer modificaciones en ese sector, la única forma de modificar el dispositivo judicial es la apropiación social», aseguró.

En esa línea remarcó que «siempre hay resistencia cuando un Gobierno quiere intervenir en el mecanismo judicial, porque se discute el poder político en Argentina». En ese marco al ser consultado sobre el máximo tribunal precisó que «los problemas de la Corte son de diseño» y es por eso que «lo que hace falta es repensarla para que tenga un liderazgo ético».

Sobre quién ocupará el lugar de Highton de Nolasco, Delgado aseveró que «debería ser una mujer». Quien arremetió muy duramente en contra de la Corte Suprema fue la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, que mediante su cuenta de Twitter y en referencia a los presuntos espionajes ilegales, aseveró que «la interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio» y agregó que «sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho».

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