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POLÍTICA

Costa Salguero: los vecinos porteños buscan frenar los intereses inmobiliarios de Rodríguez Larreta con una propuesta a la Legislatura

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Mientras tanto, la Justicia mantiene bloqueada la iniciativa del Jefe de Gobierno porteño que pretende vender terrenos públicos.

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Vecinos, organizaciones sociales y representantes de la oposición porteña presentarán este jueves en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires más de 50.000 firmas recolectadas en el marco de una iniciativa popular que propone crear un parque público en Costa Salguero. De este modo, se pretende frenar el proyecto del alcalde Horacio Rodríguez Larreta, que pretende levantar un complejo inmobiliario de alta gama.

El proyecto de ley para crear un parque público en Costa Salguero es impulsado por el Frente de Todos, pero al ser presentado como una iniciativa popular, el interbloque Juntos por el Cambio se verá obligado a debatirlo en el recinto. Según informó Télam, la presentación totalidad de las firmas se realizará hoy al mediodía luego de siete meses de recolección de adhesiones en distintos puntos de la ciudad.

En cambio, desde el Gobierno porteño y el interbloque JxC propone vender una parte de Costa Salguero en Costanera Norte para impulsar la construcción de edificios privados para viviendas, oficinas y comercios. Sin embargo, la Justicia mantiene bloqueado el avance al considerar que la ley 6.289 -que autoriza la venta de los terrenos- no respetó los procedimientos para su sanción y violó derechos consagrados en la Constitución local.

El pasado 12 de octubre Rodríguez Larreta recibió un nuevo revés judicial de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo porteña. En la resolución que llevó la firma de los jueces Fernando Juan Lima y Mariana Díaz consideró que la administración porteña violó el derecho a la participación ciudadana, al medio ambiente y al acceso al río. 

La sentencia ratifica que el predio de Costa Salguero pertenece al dominio público del Gobierno de la Ciudad y su venta o fraccionamiento para redistribución «resulta lesiva de los procedimientos constitucionalmente previstos para la desafectación del dominio público, por lo que se impone la declaración de su inconstitucionalidad».

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