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POLÍTICA

La particular medida del Gobierno contra las empresas de medicina prepaga que reaviva el debate por la estatización de la salud

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El Ejecutivo solicitó a las compañías información demográfica, epidemiológica, prestacional y económico-financiera.

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A través de la Resolución 1950/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional les ordenó a las empresas de medicina prepaga que entreguen periódicamente información demográfica, epidemiológica, prestacional y económico-financiera. Con estos datos, pretende encasillar a las compañías en tres grandes grupos y habilita sanciones a las compañía que lo incumplen. La medida reaviva el debate por la estatización de la salud.

De acuerdo al texto, todas las empresas inscritas -de manera definitiva o provisoria- en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) deberán presentar datos actualizados sobre la totalidad de sus planes de cobertura total y parcial que comercializa al público en general, cartillas, padrón de usuarios actualizado, cuotas percibidas y promedio, y balance general, entre otros puntos. Para realizarlo tendrán un plazo de 90 días corridos. 

Una vez que disponga esta información, se categorizará a las compañías en tres grupos. El “Tipo A” incluye a las entidades que “brinden al menos un plan de cobertura integral en los términos del artículo 7º, primer párrafo, de la Ley Nº 26.682, cuenten con más de 50.000 usuarios y su cápita promedio por usuario resulte igual o superior a $4.000”. En tanto, el “Tipo B” incluye a las firmas que “brinden al menos un plan de cobertura integral, pero no cumplan con el resto de los requisitos anteriormente mencionados”, y el “Tipo C” aquellas que “no cumplan con ninguna de las condiciones establecidas”. 

En tanto, desde Nación advirtieron que en caso de que las empresas no facilite información se podrá “iniciar actuaciones sumariales a los efectos de determinar la procedencia de aplicar sanciones e, incluso, proceder a la baja de la entidad incumplidora en caso de no subsanar su incumplimiento”. Asimismo, a las entidades enmarcadas en el Tipo A se les “designarán síndicos, auditores y/o veedores específico para cada una de ellas que analizarán la información presentada y tendrán amplias facultades para requerir información adicional y/o propiciar las correcciones y/o adecuaciones que resulten necesarias”. 

En el caso de las consideradas “Tipo B”, los datos serán revisados “por estos funcionarios, pero que se designarán en forma rotativa y para cada caso”,mientras que a las “Tipo C” solo se inspeccionará “en caso de sospecha o denuncia de irregularidades”.

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Esta medida dispuesta por el Gobierno reaviva el debate que se generó a mediados de año sobre el posible avance del kirchnerismo sobre las empresas de medicina prepaga con la intención de estatizarla. La polémica tuvo raíz en la decisión del Ejecutivo de frenar el incremento de las cuotas mensuales en el marco de la pandemia del coronavirus y las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchnner quien llamó a “repensar todo el sistema de salud”. 

Incluso, después de su planteo circuló un documento con origen en La Cámpora donde plantean un plan para reformar el sistema de salud en los próximos cuatro años. De acuerdo al texto, se propone lanzar una ley nacional que impulse un sistema integrado y fomente la descentralización operativa del servicio.
No obstante, tras el revuelo que generó su intervención aclaró que no pretendía avanzar contra las compañías.  “No quiero expropiar nada a nadie”, manifestó el 25 de julio en un acto oficial en La Plata. En paralelo, las empresas de medicinas prepagas representadas por el titular de SwisMedical, Claudio Belocopitt, denunciaron un avance del Estado a través del desfinanciamiento al sector.

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