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POLÍTICA

Memorándum con Irán: ¿un guiño de la Justicia hacia Cristina Kirchner?

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El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, tomó una decisión respecto de la vicepresidenta que generará una fuerte polémica.

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Javier De Luca decidió hoy no seguir adelante con la acusación contra Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, en la que se investiga si tanto la expresidenta como funcionarios que formaron parte de su Gobierno, encubrieron el atentando a la AMIA. La decisión llega después de que, tal como informó El Intransigente, la Justicia sobreseyera tanto a la titular del Senado como a todos los imputados en la investigación.

De esta manera, ninguno tuvo que enfrentar un juicio oral y público. La novedad, difundida por NA, es que De Luca determinó no continuar con el recurso de apelación que había comenzado su colega, Marcelo Colombo, que lo antecedió en el cargo. El anterior fiscal había presentado una apelación al fallo emitido por el Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta y a todos los funcionarios acusados en la causa.

Luego de la decisión de De Luca, el Tribunal de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal compuesta por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, será el encargado de confirmar o no la determinación del actual fiscal, que mediante una presentación argumentó por qué no seguirá con la apelación del sobreseimiento.

«En su momento también argumenté que las supuestas espurias intenciones de hacer cesar o dar de baja a las alertas rojas de la Interpol por parte del Gobierno Argentino y de la formación de una llamada Comisión por la Verdad para generar una hipótesis investigativa falsa, no podían objetiva ni jurídicamente constituir la ayuda» del Código Penal, que reprime el encubrimiento personal; ni ningún otro delito», aseveró.

Y precisó que «al no analizarse los elementos de los delitos involucrados, solo se describen hechos de la vida y se conjetura sobre ultraintenciones, como si fuera evidente que el solo hecho de haber concretado este tratado con una potencia extranjera fuera constitutivo de delito» y además, agregó que «se da por sentado que eso es lesivo de la administración de Justicia».

Para concluir, remarcó que «la imagen de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, al celebrar y sancionar un tratado, estarían entorpeciendo el trabajo del juez y fiscal de la causa en su etapa de investigación y persecución del crimen» y por lo tanto, aseguró que «cae en el absurdo lógico de pensar que quienes dictan las reglas (de fondo y de forma), están estorbando a quienes tienen que ejecutarlas».

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