Previo al ataque contra Cristina Kirchner del primero de septiembre se detectaron una serie de amenazas contra la exmandataria. Se le atribuyó a la organización Revolución Federal cada una de las manifestaciones en Plaza de Mayo y Casa Rosada. Si bien su líder, Jonathan Morel, fue imputado, comenzaron a investigar cómo hacía para sostener económicamente a la agrupación.
Encontraron que la empresa Caputo Hermanos, de un funcionario del Gobierno de Mauricio Macri, hizo giros millonarios a las cuentas de Morel. Ante esto le preguntaron al acusado y dijo que se trató de trabajos de carpintería y que usó el dinero para vivir y no para financiar a la entidad, aunque la Justicia no quedó conforme e imputó a Flavio Caputo.
El titular de la compañía contrató los servicios del referente de Revolución Federal para la provisión de muebles para un edificio cercano a Vaca Muerta. Frente a ello, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó «inspeccionar y tomar vistas fotográficas y/o video-filmaciones, en pos de establecer si se observa infraestructura y maquinaria acorde a los servicios que les habrían sido requeridos, directa o indirectamente, por el Fideicomiso Espacio Añelo».
Además, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó procedimientos en inmuebles de las localidades de Boulogne, Pablo Podestá y Loma Hermosa. Allí funcionaban supuestos establecimientos comerciales de la carpintería de Montiel que luego enviaron para la empresa Caputo Hermanos. También están avanzando con la ruta del dinero para saber si efectivamente fue usado para financiar las amenazas a Cristina Kirchner
«A los efectos de salvaguardar el más amplio derecho de defensa, desígnese a Matías Cúneo Libarona como abogado defensor de Flavio Caputo. Deberá presentar digitalmente la aceptación de cargo», ordenó el juez. Además, aceptó como querellantes en la causa a las legisladoras porteñas del Frente de Todos Claudia Neira y Maia Daer por haber sido hostigadas en la vía pública por ellos.
