La Corte Suprema de Justicia ha concluido definitivamente el caso relacionado con la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta por la pandemia de Covid. En una decisión unánime, el tribunal máximo rechazó el último intento de una ONG de apelar el «acuerdo de conciliación» al que llegaron todos los asistentes a la celebración, incluido el presidente, Alberto Fernández.
La Corte Suprema declaró «inadmisible» el recurso presentado por la Asociación Civil Republicana para la Justicia, que buscaba ser reconocida como «querellante» para impugnar el acuerdo de conciliación. El objetivo de la ONG, de acuerdo a datos de la agencia NA, era avanzar con una denuncia penal contra Alberto Fernández por delitos contra la salud pública, abuso de autoridad y el incumplimiento de sus deberes como funcionario en el contexto de las restricciones impuestas durante el aislamiento y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
Esta solicitud contra el mandatario argentino había sido previamente rechazada en todas las instancias previas, y la Corte Suprema ha mantenido la misma opinión. Como resultado, al no haber apelación contra el acuerdo que exoneró de responsabilidad penal a los imputados, la sentencia se ha vuelto definitiva.
En el acuerdo, Fernández y su esposa, Yáñez, acordaron una «reparación integral del daño» causado por la celebración del cumpleaños con una suma de 3 millones de pesos que luego fue donado a la entidad pública de salud, Malbran que lleva adelante investigaciones de enfermedades infecciosas. Esto se confirmó en mayo del 2022.
En un objetivo de generar transparencia, el presidente donó el dinero a través de un préstamo que pidió al banco Santander Río. Por otro lado, en octubre del año pasado, la Cámara Federal de Casación también había determinado la «inadmisibilidad» de la solicitud de los supuestos querellantes para cuestionar la reparación económica.
La respuesta del presidente ante la controversia evolucionó con el tiempo. Inicialmente, se defendió personalmente y presentó una solicitud de «falta de acción». Sin embargo, en diciembre de 2021, nombró a dos abogados en quienes confiaba y se alineó con las estrategias de defensa de los demás involucrados.
El pago del dinero de Alberto Fernández evitó que la causa escale
En mayo de 2022, aunque no compartía plenamente la idea de la reparación contemplada en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, el presidente efectuó dos transferencias, una de 1,6 millones de pesos y otra de 1,4 millones de pesos. Esto le permitió evitar que lo citaran para ser interrogado, así como también a su esposa. Dado que Yáñez no recibe un salario, el líder de Unión por la Patria tuvo que asumir la totalidad del monto requerido para la reparación. El resto de los acusados también donó dinero, pero en menor cantidad.