En un nuevo capítulo de conflicto entre la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo (UNMA) y el Gobierno de Javier Milei, la asociación denunció que se ha impuesto un nuevo rector en la institución. Bajo el título «No a la intervención de la UNMA», las Madres de Plaza de Mayo alertaron sobre la medida, la cual llega después de un proceso de desfinanciamiento de los salarios docentes. La universidad, que ofrece 5 carreras y cuya historia se remonta al año 2000, se encuentra en el ojo de la tormenta. El establecimiento se ubica en la calle Defensa 119 en CABA.
La polémica se desató tras una resolución del Ministerio de Capital Humano, que señala la culminación de «un proceso de revisión» en la UNMA. Según la resolución, la universidad «se encuentra en condiciones de continuar con su proceso de normalización» y que resulta necesario «efectuar la designación de un nuevo funcionario». Este documento, que se espera sea publicado en el Boletín Oficial, indica que el nuevo «rector organizador» será Eduardo Luis Maurizzio, un antiguo docente de la institución en su etapa de Instituto Superior.
La decisión de designar a Maurizzio y desplazar a la actual rectora, Cristina Caamaño, ha sido recibida con indignación por parte de la universidad. La institución emitió un duro comunicado en el que las Madres de Plaza de Mayo expresaron: «Las Madres de Plaza de Mayo comunicamos que el gobierno fascista, negacionista, reivindicador de la dictadura genocida, dispuso la ilegal intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo». Además, añadieron: «Resistiremos esta acción fraudulenta e ilegítima junto a toda la comunidad de nuestra Universidad. El ejemplo de nuestros hijos nos guía. Su lucha nos llevó a crearla. La detendremos como a su ejemplo».
Las Madres de Plaza de Mayo piden más fondos para la universidad
El conflicto judicial también está presente en este caso. El juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo federal rechazó la medida cautelar solicitada por la universidad contra el Ministerio de Capital Humano. La UNMA había pedido el cese automático de la retención de fondos y reclamaba más de $556 millones. Sin embargo, el juez Pablo Cayssials desestimó la solicitud argumentando: «No se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones». Además, afirmó que no se verifica la verosimilitud en el derecho ni la supuesta arbitrariedad denunciada por la Administración Pública.
Desde el gobierno de Javier Milei, la postura ha sido clara respecto a la revisión de las universidades creadas durante la gestión anterior. Al poco tiempo de asumir, Milei decidió suspender la apertura y poner bajo revisión cinco universidades, incluida la UNMA. Entre las afectadas también están las universidades de Pilar, Río Tercero, Ezeiza y el Delta.
Cristina Caamaño, exfiscal y exinterventora de la AFI, ha sido una figura central en la defensa de la UNMA. Desde su rol como rectora, Caamaño ha denunciado repetidamente la gravedad institucional de la retención de fondos por parte del Estado. «La gravedad institucional aportada por el Estado Nacional en retener los fondos legítimamente asignados es de un precedente histórico que no solo daña al sistema educativo, sino también a la vida democrática que merece nuestra Nación», declaró la rectora que perdió el cargo.
El gobierno, por su parte, ha cuestionado la legitimación de Caamaño como rectora, señalando que su designación quedó sin efecto tras una resolución emitida por el Ministerio de Capital Humano. Esta situación añade otra capa de complejidad al conflicto, enmarcado en un panorama de tensiones políticas y sociales que sigue escalando.
