El Gobierno nacional confirmó que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) comenzará a operar formalmente el próximo 1° de abril. Esta medida cumple con el plazo de 60 días que se había establecido por el Decreto N.° 88/2026 para reorganizar el sistema de salud militar.
La puesta en marcha de esta nueva entidad busca dar una solución a la familia militar, que hoy enfrenta graves problemas de cobertura médica. El plan oficial es implementar un modelo centrado en la eficiencia y el control estricto de los gastos para asegurar que los servicios sean sustentables en el tiempo.
Separación de fuerzas y nuevo esquema de atención
Uno de los puntos centrales de esta decisión política es la división de los afiliados que antes compartían el IOSFA. A partir de abril, los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pasarán a ser atendidos exclusivamente por la OSFA.
Por su parte, los integrantes de las Fuerzas Federales de Seguridad, como Gendarmería y Prefectura, continuarán en el «IOSFA residual» por un plazo de transición de hasta un año. El objetivo de esta separación operativa es garantizar que los militares tengan una cobertura propia y más organizada.
El trasfondo de una deuda de 300 mil millones
La creación de la OSFA ocurre en un contexto de crisis profunda. El sistema de IOSFA arrastra un endeudamiento que alcanza los 300 mil millones de pesos. Debido a esta situación, hay provincias enteras donde los afiliados no tienen atención médica.
Para combatir esto, la nueva gestión liderada por el general Sergio Maldonado planea fortalecer los controles sobre las prácticas médicas y optimizar la compra de medicamentos. Buscan reducir costos operativos eliminando estructuras innecesarias que complicaban el funcionamiento del sistema.
Polémica política y denuncias en la Justicia
A pesar del anuncio del nuevo comienzo, la sombra de la gestión anterior genera fuertes cruces políticos. Recientemente se filtró un documento que indica que, antes de la llegada de las actuales autoridades, el organismo tenía un superávit de 25.000 millones de pesos y ahorros en plazos fijos.
Estos datos contradicen la versión oficial de la «pesada herencia» y han derivado en una denuncia penal contra el exministro Luis Petri. La denuncia, presentada por la diputada Lourdes Arrieta, pide investigar delitos de administración fraudulenta y abandono de persona debido a la falta de prestaciones de salud que sufren los afiliados.