El presidente Javier Milei se negó a borrar el posteo en el que descalificó a Ian Moche, el niño con autismo que lo había acusado de insultarlo, y presentó un escrito en la Justicia con una serie de insólitos argumentos. Entre ellos, volvió a sostener que sus redes sociales son personales y no lo representan como jefe de Estado, y apeló al derecho a la libertad de expresión. Esta postura del mandatario genera controversia no solo por el contenido de la defensa, sino también por las implicancias institucionales de la estrategia legal adoptada por la Presidencia.
Según supo NA, la presentación judicial, realizada en la causa iniciada por la familia de Ian, busca despegar al mandatario de sus responsabilidades como funcionario público. Este mismo argumento de la «doble personalidad» ya había sido utilizado en la causa por la estafa con la criptomoneda Libra y desestimado por el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía, quien dictaminó que la cuenta en X de Milei sí lo representa como Presidente. Este antecedente judicial pone en evidencia la fragilidad de la estrategia defensiva presidencial y la reiteración de argumentos que ya fueron rechazados por la Justicia.
La consistencia en el uso de este argumento sugiere una estrategia legal diseñada para establecer una separación artificial entre las acciones del ciudadano Javier Milei y las del Presidente de la Nación. Sin embargo, la jurisprudencia existente y el precedente establecido en el caso Libra indican que esta línea argumentativa tiene escasas posibilidades de prosperar en el ámbito judicial. La reiteración de esta defensa puede interpretarse como una apuesta a que diferentes magistrados adopten criterios distintos sobre la misma cuestión.
Negación de responsabilidades
En el escrito presentado por sus abogados, Milei califica la demanda como «carente de sustento jurídico» y niega una extensa serie de puntos fundamentales del caso. La defensa presidencial rechaza que la cuenta @JMilei sea una cuenta oficial del Poder Ejecutivo Nacional, desconociendo el uso que el propio mandatario hace de esta plataforma para comunicar decisiones gubernamentales y políticas de Estado. Esta negación resulta particularmente llamativa considerando que la cuenta es utilizada regularmente para anuncios oficiales y comunicaciones institucionales.
Los abogados también niegan que los posteos presidenciales hayan sido una «agresión al honor, reputación o integridad» del niño, minimizando el impacto que las declaraciones de un Presidente de la Nación pueden tener sobre un menor de edad. Asimismo, rechazan que un reposteo constituya una «ratificación o legitimación de agravios», argumento que busca deslindar responsabilidades sobre contenidos compartidos desde la cuenta presidencial, aunque provengan originalmente de terceros.
La defensa también niega que la publicación haya generado un «daño irreparable, grave, inminente» y cuestiona que el «interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política». Esta última afirmación resulta controvertida porque plantea una supuesta tensión entre derechos fundamentales, sugiriendo que la libertad de expresión del Presidente tendría preeminencia sobre la protección de los derechos de un menor con discapacidad.
Justificación del posteo y desacreditación de la denuncia
Javier Milei insiste en que el tuit fue una «acción privada» que contenía una «expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido», en alusión a Paulino Rodríguez, y no un ataque al niño. Esta argumentación busca redirigir la responsabilidad hacia el periodista que acompañaba a Ian Moche durante el episodio, sugiriendo que el verdadero objetivo de las críticas presidenciales no era el menor sino el comunicador. Sin embargo, esta distinción resulta problemática cuando el posteo presidencial mencionaba específicamente al niño y generó repercusiones directas sobre él.
Además, la defensa presidencial intenta desacreditar la denuncia de Ian, afirmando que no tuvo que ver con una cuestión legal sino ideológica. Esta caracterización busca politizar el conflicto y presentar la demanda como una maniobra de la oposición antes que como la defensa legítima de los derechos de un menor. Esta estrategia argumentativa puede resultar contraproducente, ya que tiende a victimizar al Presidente en lugar de reconocer el impacto de sus declaraciones sobre un niño con autismo.
Según Milei, el niño de 12 años Ian Moche es "un activista" y "una personalidad pública", y por ello puede ser objeto de ataques. Es decir, Milei defiende "el derecho" a agraviar a un nene con autismo. Los libertarios superaron todo nivel de maldad.
— César Biondini (@BiondiniCesar) August 11, 2025
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