Alemania endurece las normas migratorias para hacer más deportaciones

La ley de deportación fue aprobada por el Parlamento alemán con el voto a favor de 372 diputados y el rechazo de 159. Se abstuvieron 111. Horst Seehofer, ministro del Interior de la conservadora Unión Social Cristiana bávara (CSU), expresó: “Quien no tenga derecho a quedarse debe abandonar el país”.

Los verdes y la izquierda rechazaron la norma porque representa un “retroceso” para los derechos fundamentales de los inmigrantes. “Un día negro para la democracia”, dijo la parlamentaria Filiz Polat, del partido ecologista. El secretario general del Partido Social Demócrata, Lars Klingel, defendió la propuesta. “Las detenciones masivas y otros tratos inhumanos no aparecen en la ley porque nosotros lo evitamos”, agregó.

Se trata de una norma polémica que plantea “el retorno ordenado”. Las expulsiones de inmigrantes se efectuarán con más rapidez. En 2018 no fueron deportados las 31.000 personas que se habían programado. Se ejecutaron 25.000. Ahora se “elimina numerosos obstáculos prácticos en la deportación y quienes son obligados a salir del país lo harán pronto”, según el Ministerio del Interior alemán.

Se incluye, por ejemplo, a personas consideradas peligrosas o que no cooperen en su identificación. La fecha de la deportación será secreta y se castigará a quien la revele. Evitan que las personas que deben ser deportadas no desaparezcan un día antes de partir. El texto contempla el recorte de beneficios sociales para aquellos a los que se les haya dado asilo en otro país de la Unión Europea.

Cabe la opción de recluir de manera transitoria a los futuros deportados en prisiones, separados de presos comunes, hasta que se amplíen las plazas en centros especializados. Los demandantes de asilos llamados “tolerados”, quienes estén integrados y tengan un trabajo estable, conozcan el idioma y no hayan tenido problemas con la justicia, recibirán un amparo legal para ellos y sus empleadores tengan seguridad.

De las 240.000 personas obligadas a dejar el país, 180.000 son “toleradas”, y la deportación queda suspendida ante la imposibilidad de enviarlos a países como Afganistán. El paquete legislativo incluye la ley de trabajadores cualificados, que permite la entrada de licenciados universitarios y aprendices de formación profesional que vayan a Alemania a trabajar o buscar empleo.

El desempleo nunca había sido tan bajo desde la reunificación alemana. Hay cerca de 1,2 millones de puestos vacantes. Los beneficiarios podrán buscar trabajo en Alemania y quedarse hasta seis meses siempre que tengan la formación educativa necesaria, conozcan el idioma y tengan medios para subsistir. Es preferible que coordinen con las agencias de empleo de los países de origen.

El ministro de Interior, Horst Seehofer, dijo que esta ley “refuerza la economía de Alemania, que necesita trabajadores cualificados y cumple con su responsabilidad humanitaria”. Pero antes había dicho que “es importante hacer leyes complicadas para que la gente no caiga en cuenta”.

Políticos criticaron al funcionario. “¿Seehofer hace las leyes complicadas para ocultárselas a los ciudadanos? Semejante consideración de la democracia por parte del ministro de Interior me deja perpleja”, tuiteó la dirigente de los verdes, Annlena Baerbock. El experto en migraciones, Thomas Liebig, explicó que hasta ahora Alemania ha dependido en gran parte de trabajadores comunitarios. El envejecimiento de la población en la UE y la mejora económica en el este ha reducido los flujos. “Por eso y por su propia demografía, Alemania está obligada a buscar trabajadores fuera”, destacó.

Liebig duda de la efectividad del paquete legal porque “Alemania establece formalmente que es un país de inmigración”. Entre las medidas aprobadas figura la extensión de la regulación. Los refugiados están obligados a vivir en un lugar para obtener beneficios y proporcionar a los ayuntamientos la capacidad de planificar la integración a largo plazo.

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