Una empresa pidió la inconstitucionalidad de la restricción vehicular en la Ciudad

La Justicia se pronunció en contra de la acción de amparo presentada por la firma propietaria de la playa de estacionamiento contra el GCBA. La empresa pretendía la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5.786, mediante la cual se creó el Área Ambiental Buenos Aires Centro y que prohíbe de manera progresiva la circulación de vehículos motorizados en zonas y horarios determinados.

De esta forma, la decisión estuvo a cargo  del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°6 de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara. Así, la firma Meissen y Cía. SA inició acciones legales  contra el Gobierno de la Ciudad y contra la Legislatura a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 5.786, sancionada en 2016.

Según diariojudicial.com, los fundamentos de la demanda se relacionan a que las restricciones «afectan de manera irrazonable los derechos constitucionales de ejercer industria lícita, a trabajar y de propiedad; además de lesionar la igualdad al promover el transporte público y perjudicar a las playas de estacionamiento ubicadas en el radio de influencia».

De esta manera, la demandante indicó que es propietaria de una playa de estacionamiento ubicada en la zona de restricción al tránsito vehicular y que le resulta imposible dar al inmueble en cuestión otro destino debido a su construcción original como cocheras comerciales, ya que «sólo podría demolerse completamente y construir un nuevo edificio con diversa finalidad».

A pesar de las explicaciones, la Justicia rechazó el reclamo de la demanda al considerar que la ley «no hace más que implementar una política específica reglada en el Plan Urbano Ambiental». De esta forma, la magistrada estableció que «no configura una vulneración inconstitucional al procedimiento de doble lectura reglado en el artículo 89 de la CCABA».

«No se verifica que la ley trate a la amparista de manera desigual o discriminatoria», determinó la jueza, al tiempo que agregó: «Al caso de autos resulta aplicable mutatis mutandi lo concluido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad cuando trató la restricción horaria a los locales bailables».

En este sentido, el dictamen se justifico con la premisa de que «las limitaciones al tránsito automotor particular no son absolutas ni permanentes ni irracionales».  En este aspecto, la ley fija un esquema de restricción para días hábiles y en horario determinado, por lo que la jueza señaló que «nunca alcanza a cubrir las 24 horas del día» y destacó que se admite el tránsito automotor particular «previa su autorización a través de los permisos».

«De acuerdo al escrutinio descripto en los puntos precedentes, la ley no aparece como una restricción a los derechos invocados tan estricta que los llegue a cercenar, no prohíbe la actividad comercial de las playas de estacionamiento, las mismas pueden seguir trabajando en ese rubro en la medida de su decisión empresaria», expresó la magistrada.

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