Votarán un proyecto para evitar que los cobradores extrajudiciales hostiguen a los deudores

Establecerán reglas de acción para los cobradores y de no cumplirlas se impondrá una sanción.
<a href="https://elintransigente.com/sociedad/2019/06/13/votaran-un-proyecto-para-evitar-que-los-cobradores-extrajudiciales-hostiguen-a-los-deudores/" rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2019-06-13T11:02:04-03:00">junio 13, 2019</time><time class="updated" datetime="2019-06-13T11:37:22-03:00">junio 13, 2019</time></a>

La Legislatura porteña tratará este jueves un proyecto que busca regular a los cobradores extrajudiciales para que no hostiguen a los deudores o a los números de contacto que estos ofrecen, los cuales muchas veces son ingresados sin su consentimiento. Esta iniciativa requiere de solo una instancia de debate, por lo que se espera que sea probado con los votos positivos del bloque oficialista Vamos Juntos, mayoría en el recinto.

El objetivo del proyecto pronto a convertirse en ley es la de establecer reglas que deban ser respetadas por las agencias de cobranza que operan en la Ciudad de Buenos Aires. En esa línea, se establecerán limitaciones a las acciones de los cobradores extrajudiciales, nombre otorgado a todo aquel que procure el cobro de deudas ajenas vinculadas a relaciones de consumo o que hayan adquirido una cartera de deudores.

“Hoy estos actores no están regulados por ningún cuerpo normativo, lo que conlleva a que su actuación pueda generar diversas afectaciones al deudor”, planteó el proyecto de ley, presentado por el legislador oficialista Hernán Reyes. En diálogo con Clarín, Reyes señaló: “Llamados intimidatorios, reclamos tanto en el ámbito personal como laboral, comunicaciones con terceros para hacerle llegar el mensaje al deudor, notificaciones que simulan ser cédulas judiciales o información confusa sobre la deuda son procedimientos que están en contradicción con lo dispuesto en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que establece el principio de trato digno y equitativo”.

Al sancionarse la ley, los cobradores deberán informar, en primer instancia, al deudor, identificándose con nombre completo, DNI, y persona o institución que gestiona el cobro de la deuda. Además, se deberán informar detalles de dicha deuda, tales como el detalle del monto, intereses, costo de gestión de cobranza y adicionales, así como fecha en que se incurrió la misma y documentación que originó la demanda de pago.

Asimismo, el cobrador tendrá prohibido expresarse de forma intimidatoria y sucesiva. Tampoco estarán permitidas las llamadas o el envío de mensajes entre las 20 y 8 horas de los días de semanas, así como tampoco los sábados antes de las 10 horas. Domingos, feriados y días no laborables no habrá contacto en absoluto.

Al finalizar el trámite y saldarse la deuda, el agente deberá solicitar un poder especial del acreedor para emitir un libre de deuda. A partir de eso, el cobrador o acreedor tendrá un plazo de hasta cinco días para sacar a la persona, antes deudora, de los registros de deudores y de la información financiera que hayan sido tramitados a lo largo del periodo en que no se pagó lo correspondientes.

De no cumplirse lo expuesto por la ley se aplicarán sanciones, estipuladas en el artículo 52 bis de la ley de Defensa al Consumidor. Según lo establecido, “cuando el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”, equivalente a $ 5.000.000.