Un fallo de la Justicia obliga a una prepaga a hacerse cargo de un tratamiento de fertilización

Nuevamente una medida de la Justicia obliga a una prepaga a hacerse cargo de un tratamiento. En esta ocasión, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial revocó la resolución de grado, que rechazó la acción de amparo solicitada por los usuarios, que pretendían el restablecimiento del vínculo contractual y la obligación de la prestadora de brindar la cobertura integral de salud, que incluye el tratamiento de fertilización de alta complejidad recomendado.

De esta manera, el magistrado de grado determinó que “la cuestión vinculada con el objeto, y los antecedentes volcados en la pieza liminar, muestra un debate en donde lo que parece discutirse, más que el derecho a la salud, es el contenido de la solicitud de afiliación” concluyendo por ello que “la ausencia de una conducta que se dice arbitraria o irrazonable cuanto manifiesta que, además, encuentra vías regulares de composición en el sistema adjetivo conforma un conjunto que basta para enervar la acción intentada”.

En este sentido, según diariojudicial.com, la acción de amparo tenía como finalidad que se deje sin efecto la rescisión del contrato dispuesta por la empresa, condenándose a esta última a prestar la cobertura de salud correspondiente y otorgar la autorización para el tratamiento de fertilidad oportunamente solicitado. En tanto, los demandantes manifestaron que fueron a la oficina de la firma, ubicada en el partido de Lomas de Zamora, para llevar adelante el trámite.

En esa ocasión, firmaron una serie de formularios entre los cuales se encontraban las declaraciones juradas de enfermedades pre-existentes, destacando que dichos documentos fueron completados por la administrativa de ventas, quien sólo les requirió “que los firmaran al pie de cada hoja”, informándoles que según la normativa vigente debían transcurrir tres meses para poder gozar de la cobertura.

En este aspecto, los actores desmintieron padecer enfermedades previas y si aclararon el haber sufrido dos embarazos ectópicos, que significa un embarazo fuera de lugar. En ese orden, destacaron que la accionada los hizo responsables de una omisión dolosa que consideran falsa, actuando fuera de los marcos legales al tomar la drástica decisión de rescindir el contrato de afiliación.

Así, los magistrados se basaron en el hecho de que “la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la Constitución Nacional” y que “no corresponde obviar aquí, que la cuestión que subyace a la controversia contractual radica en el tratamiento de fertilización asistida (FIV) cuya autorización por la demandada requirieran los actores, tratamiento que quedara trunco debido a la decisión de rescisión contractual adoptada por quien estaba hasta ese momento legalmente obligada a dispensarlo”.

De esta forma, agregaron que “es claro que la prestadora omitió deliberadamente expedirse sobre la autorización solicitada, optando por la previa desvinculación contractual antes aludida” y que “el Tribunal entiende que la solución propiciada en la instancia de grado no concilia de modo adecuado los delicados intereses en disputa”.

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