Durante más de tres décadas, la coparticipación federal de impuestos en la Argentina mostró un patrón de concentración que favoreció principalmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Buenos Aires, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Entre 1993 y 2024, estas dos jurisdicciones fueron las únicas que mejoraron su participación en la distribución secundaria —la parte del reparto que define cuánto recibe cada provincia dentro del total asignado a los gobiernos subnacionales—, mientras que La Rioja se consolidó como la gran perdedora.
Buenos Aires y CABA, las ganadoras del nuevo mapa fiscal
De acuerdo con el estudio, Buenos Aires logró recuperar parte de su peso en el reparto tras el Consenso Fiscal de 2017, que incluyó compensaciones por la pérdida del Fondo del Conurbano. Su participación efectiva subió al 22,2% en 2024, lo que significó una mejora de 3,5 puntos respecto de 2015, aunque todavía 7,5 puntos por debajo del nivel de 1993.
CABA, en cambio, protagonizó un ascenso más marcado: pasó de recibir apenas 0,7% del total en 1993 a alcanzar el 2,2% en 2024, un incremento del 214%. El salto se explica por el decreto 194/2016, que elevó su coeficiente primario al 3,75%, y por el fallo de la Corte Suprema de 2024, que fijó un coeficiente del 2,95%.
En contraste, La Rioja sufrió una pérdida del 18% de su participación, la caída más pronunciada del país. Tras la eliminación de los envíos extraordinarios que recibía desde 1988 bajo la categoría de “extra coparticipables”.
Transferencias no automáticas y concentración en CABA
El IARAF también evaluó el impacto de las transferencias no automáticas, que se canalizan a través de la cuenta “Obligaciones a Cargo del Tesoro” y funcionan como compensaciones discrecionales.
Entre 2015 y 2022, estas representaron el 23,5% del total de fondos enviados a provincias. Buenos Aires fue la principal beneficiaria hasta 2021, cuando comenzó a recibir recursos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, creado con fondos recortados a la Ciudad. Sin embargo, en 2024 no recibió nada bajo esta modalidad, mientras que CABA concentró la totalidad de los envíos (unos $488.649 millones) en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.
“La concentración de las transferencias del Tesoro en CABA transformó un esquema antes distribuido entre 24 jurisdicciones en uno focalizado en una sola”, advierte el informe.
Pérdidas generalizadas en el resto del país
El IARAF clasificó a las provincias en cuatro grupos según su ingreso y densidad poblacional. Y en todos los casos se observan descensos generalizados de participación.
- Provincias de altos ingresos y alta densidad (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos): solo las dos primeras mejoraron.
- Altos ingresos y baja densidad (Neuquén, Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego): variaciones mínimas pero negativas.
- Bajos ingresos y alta densidad (Chaco, Tucumán, Mendoza, Misiones, Corrientes, Jujuy): estabilidad hasta 2015 y caída posterior.
- Bajos ingresos y baja densidad (La Rioja, Catamarca, San Juan, Salta, Santiago del Estero, Formosa): retroceso sostenido.
En total, 22 de las 24 jurisdicciones perdieron participación entre 2015 y 2024. Las más afectadas fueron Chubut, Neuquén, Misiones y Salta, con caídas de hasta 7%. Mientras que provincias como Córdoba, Tucumán y Mendoza retrocedieron entre 4% y 6%.
Efecto del fallo a favor de CABA
Al comparar los dos últimos años, el IARAF detalla que, sin contar transferencias del Tesoro, Buenos Aires fue la única provincia que perdió participación secundaria (-1,4%), mientras que el resto mostró leves mejoras. Con las transferencias incluidas, CABA pasó del 2,5% al 3,3%, un incremento del 30%, mientras que Buenos Aires cayó 9% y La Rioja 10,6%.
El instituto explica que este crecimiento porteño responde a la plena aplicación del fallo de la Corte Suprema. Y que restableció su coeficiente primario al 2,95%, mientras que Buenos Aires perdió terreno por la reducción de las compensaciones del Consenso Fiscal.
Hacia una nueva ley de coparticipación
El informe del IARAF concluye que el esquema vigente, en funcionamiento desde 1993, ha perdido equilibrio y requiere una revisión estructural. “Esta distribución efectiva de recursos nacionales debe servir de base para una discusión sobre cambios en la coparticipación federal”, sostiene.
No obstante, advierte que una reforma integral deberá considerar tanto los ingresos como las responsabilidades de gasto de cada provincia. Ya que “son pocas las jurisdicciones que aportan más recursos de los que reciben”.
