Mientras la política se disputa relatos de ocasión, hay victorias que se construyen en silencio, lejos de los micrófonos y de la necesidad de aplauso inmediato. Una de ellas evitó que la Argentina pagara una cifra que hubiera condicionado su destino por décadas.
Amigo lector: hay historias que no se anuncian por cadena nacional ni se celebran en balcones, porque carecen de ese elemento vulgar que la política moderna exige para existir -el espectáculo-, y sin embargo son esas mismas historias las que, con una sobriedad casi incómoda, sostienen los cimientos de un país que a menudo parece empeñado en ignorar a quienes realmente lo defienden.
Entre 2017 y 2019, mientras el ruido de la coyuntura ocupaba cada centímetro del debate público, un equipo jurídico encabezado por Bernardo Saravia Frías, entonces procurador del Tesoro durante la presidencia de Mauricio Macri, llevaba adelante una estrategia que con el tiempo resultaría decisiva: evitar que la Argentina pagara cerca de 16.100 millones de dólares en un litigio internacional que, en su momento, parecía perdido.
No hubo épica declamada ni gestos ampulosos, apenas una construcción técnica sostenida en el tiempo, una arquitectura jurídica que no admite improvisaciones ni protagonismos desmedidos. En ese entramado, Bernardo Saravia Frías fue una pieza central, no por lo que dijo, sino por la consistencia de lo que sostuvo incluso cuando el escenario parecía adverso.
Como manifestó Bernardo Saravia Frías en una columna publicada en el diario Los Andes, “no es el triunfo de ningún gobierno ni de ningún abogado en particular, no hay héroes individuales en esta historia, es el triunfo de argumentos jurídicos que se esbozaron allá por el 2017 y permanecieron inalterables frente a cambios de gobierno, presiones externas y una condena inicial que parecía irrevocable”.
Y es precisamente ahí, en esa renuncia explícita al protagonismo, donde se revela el contraste más incómodo para una dirigencia acostumbrada a apropiarse incluso de lo que no comprende. Mientras algunos se disputan la autoría de los titulares, otros -como ocurrió en aquel proceso encabezado jurídicamente por Bernardo Saravia Frías- se ocupan de sostener, en silencio, las líneas que verdaderamente importan.
Resulta curioso, por no decir revelador, que semejante ahorro para las arcas del Estado haya pasado casi inadvertido en el relato oficial, como si reconocerlo implicara admitir que la continuidad institucional puede, en ocasiones, ser más eficaz que cualquier refundación grandilocuente.
Porque lo que ocurrió no fue magia ni azar, sino algo mucho más difícil de aceptar en estos tiempos: consistencia, trabajo técnico y una convicción jurídica que sobrevivió a los cambios de signo político. Una línea que, iniciada bajo la gestión de Bernardo Saravia Frías, logró sostenerse más allá de los nombres y de las circunstancias.
Pero claro, nada de esto sirve para una campaña, ni para un eslogan, ni para alimentar esa ansiedad contemporánea por encontrar héroes individuales donde solo hubo equipos y método. Y por eso, quizás, la figura de Bernardo Saravia Frías quedó donde suelen quedar los trabajos bien hechos: lejos del ruido, cerca de los resultados.
Al final, amigo lector, conviene recordar que las verdaderas victorias no siempre hacen ruido, y que, en un país donde todo se sobreactúa, lo extraordinario sigue siendo -paradójicamente- aquello que se hace bien y sin necesidad de contarlo.
