El Gobierno nacional avanza con medidas para cumplir con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir los subsidios energéticos y este miércoles autorizó la suba del 36% en las tarifas de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los usuarios residenciales. Además, este anuncio confirma el adelantamiento del incremento del mes de abril a marzo.
La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través del Decreto 91/2022. El texto oficial explica que se aplicará ajustes por categoría de usuario y cargo. Para los usuarios residenciales, el aumento será del 36%. En tanto, para quienes tengan servicio general P, aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35%, al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC). Por último, para grandes usuarios el incremento será del 70%.
Estos porcentajes fueron acordados por las compañías distribuidoras Naturgy (Norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo partidos del oeste y norte del conurbano), Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, firmas que prestan el servicio en el AMBA y el interior del país.Todas las empresas habían pedido en las últimas audiencias públicas un aumento tarifario del 35% para usuarios residenciales.
Aumentos en las facturas de energía
En las últimas horas trascendió que el presidente Alberto Fernández habría rechazado la exigencia del Fondo de aplicar un ajuste de las tarifas eléctricas del 60%. La respuesta de la Casa Rosada al staff del FMI fue aplicar un incremento del 20 por ciento y la segmentación de tarifas para recortar subsidios a los usuarios con mayores ingresos. No obstante, el Fondo consideró que esa propuesta no garantiza la sustentabilidad del sendero fiscal.
A pesar de la resistencia del organismo multilateral de crédito, el Gobierno nacional ya confirmó que planea aplicar aumentos en las facturas de luz que ronden entre el 17% y el 20%.Lo confirmó en las audiencias públicas de la semana pasada el director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, en las audiencias públicas al exponer el nuevo cuadro tarifario provisorio para las distribuidoras Edenor y Edesur.
En tanto, el secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que el ajuste tarifario no debe superar los incrementos de los salarios y precisó: “El Estado no puede dejar de lado su rol planificador y regulador para que los usuarios puedan acceder a tarifas justas y razonables”. De este modo, se prevé que continúe la mano estatal sobre las tarifas.
A pesar de las cifras que planteó el Gobierno, las distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur, barajan números diferentes. Estos sectores estiman que el incremento en las facturas debería ser entre 35% y 40%. Uno de los principales argumentos es que durante los últimos tres años apenas incrementaron las tarifas en un 9% y quedaron desfasados de los costos que debe afrontar en la distribución.
Al día de hoy, el escenario muestra una inminente oficialización de un salto en las tarifas aunque se desconoce la cifra final. Mientras el FMI insiste en la receta de aplicar una suba superior al 50%, el Gobierno se resiste a impulsar un fuerte tarifazo por el temor al impacto político que podría generar a raíz del rechazo social que impulsaría un anuncio de esa magnitud.
