Julio de Vido y Ricardo Jaime, quienes fueran funcionarios nacionales durante el kirchnerismo, pidieron la nulidad del juicio por enriquecimiento ilícito. Ambos están acusados por supuestas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal. Sin embargo, la causa quedó en la cuerda floja tras la renuncia de uno de los tres jueces que llevaba adelante el proceso. Ante ello, los abogados pidieron que se disuelva todo. ¿Impunidad u oportunismo?
Se trata de la dimisión del juez del Tribunal José Martínez Sobrino, quien informó su decisión en la audiencia de este lunes a raíz de haber cumplido los 75 años que marca la ley, según consignó NA. Actualmente, el exministro de Planificación De Vido se encuentra libre, mientras que el exsecretario de Transporte, preso. Asimismo, De Vido está a la expectativa de si se confirma o no su condena por la tragedia ferroviaria de Once, cuyo expediente se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py.
¿Hay un reemplazo para el renunciante?
En reemplazo de Martínez Sobrino, asumiría el magistrado Ricardo Basílico, el cual nunca presenció el debate y si bien podría ver los videos de las múltiples audiencias, es muy difícil reproducir la prueba de los últimos cinco años. La audiencia se convirtió en un escándalo cuando estaban por alegar las defensas, y luego de haber argumentado la fiscal de juicio Gabriela Baigún donde reclamó la pena de ocho años de prisión para Jaime y cuatro años para De Vido.
Ante las demandas de las defensas de que sea declarado nulo el juicio, la fiscal solicitó que sean todas rechazadas y reclamó al Tribunal, también integrado por Fernando Canero y Julio Panero, que no renuncie Martínez Sobrino hasta tanto finalice el debate y así evitar que se caiga el proceso. La fiscalía en este proceso además de pedir las penas, demandó una multa de $16 millones a pagar por parte de De Vido.
La fiscal sostuvo que, además de que la operación terminó siendo perjudicial para el erario debido a que los trenes eran considerados “chatarra” y la intención de repararlos en talleres ferroviarios locales nunca se concretó, Jaime cobró un soborno del orden del millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro. Para Vázquez, la fiscal pidió la pena de cinco años y ocho meses de cárcel, más el pago de una multa del orden de los $11 millones.
100 millones de euros en la mira
Según Baigún, los funcionarios aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina pero ventajosas para ellos. Lo cierto es que ambos están acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que ronda los 100 millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.