El presidente Alberto Fernández recibió este jueves un nuevo revés judicial en el marco de la causa Olivosgate. Se trata de la investigación por las violaciones a la cuarentena que él mismo decretó en 2020 a raíz del coronavirus. Más precisamente, de las fotos y videos del festejo de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, junto a un grupo de amigos y conocidos.
En este sentido, la Cámara Federal de San Martín rechazó una apelación contra un planteo del jefe de Estado que buscaba el fin de la causa por las violaciones al aislamiento preventivo. El tribunal desestimó una apelación presentada por la defensa de tres de las asistentes a la celebración del cumpleaños de Yañez. Según consignó NA, ellas son Rocío y Florencia Fernández Peruilh, amigas de la Primera Dama, y Sofía Pacchi, su colaboradora.
Todas ellas habían apelado por su propio derecho el rechazo a la “excepción de falta de acción opuesta por Alberto Ángel Fernández”. El Presidente había pedido la excepción de falta de acción por inexistencia de delito, pero ese planteo fue rechazado en primera instancia y Fernández no lo apeló. Pero sí lo hicieron las otras tres asistentes, que se habían adherido al planteo inicial del titular de la Casa Rosada.
“En el incidente de falta de acción no puede discutirse la cuestión de fondo referida a la inexistencia de la acción típica, salvo que resulte evidente que los hechos imputados no constituyen delito”, dijo el tribunal, y remarcó: “El planteo introducido oportunamente y al que adhirió el recurrente no resulta viable”. “Se debe concluir que la excepción de falta de acción opuesta deviene improcedente, puesto que constituye el debate sobre una cuestión ajena a esta incidencia”, resumieron.
Idas y vueltas
Desde que estalló el escándalo, muchas fueron las idas y vueltas en torno al caso. Desde que el propio Presidente considerara que “no hay delito” porque ese festejo “no contagió a nadie” y la intención de comprar respiradores para remediar la “molestia” ocasionada en la sociedad hasta los mismos accionares de la Justicia. En primer lugar, cabe recordar que en noviembre último se conoció que las imágenes de ingresos y egresos al chalet presidencial se borraron durante la etapa más severa del aislamiento obligatorio durante la primera ola de la pandemia.
Luego, el propio juez de la causa, Lino Mirabelli, le “corrió vista” a todas las partes involucradas para que se pronuncien sobre el planteo de Alberto Fernández para que se haga lugar a una “excepción de falta de acción” por “inexistencia de delito”. Ese fue en ese entonces un paso clave que apuntaba a conducir el sobreseimiento de todos los imputados. No obstante, por el momento todo sigue en su curso.
De hecho, apenas se conoció ese accionar de Mirabelli el fiscal Fernando Domínguez se opuso al pedido del Presidente para que se cierre la causa. Lo hizo al desestimar el argumento del Fernández sobre la falta de contagio: “No podía dejarse a criterio de cada quien la estimación de la existencia o inexistencia del riesgo de lesión que quería evitarse”, consideró.
En diciembre del año pasado, en tanto, se terminó rechazando el pedido de Fernández para cerrar la investigación. A partir de ello, los abogados defensores reclamaron la inconstitucionalidad de todos los DNU del Presidente referidos a la pandemia. A mediados de ese mes, Fernández redobló la apuesta y designó abogados para buscar “zafar”, pero la estrategia no funcionó por el reciente rechazo al planteo del mandatario.
