Uruguay irá este domingo a las urnas para poner en debate 135 artículos de una ley central para la administración del presidente Luis Lacalle Pou. Será una jornada trascendental para el mandatario oriental donde se aireará o erosionará lo que queda de su mandato y marcará al menos parte de la estrategia futura de la oposición.
Se trata de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de 476 artículos y aprobada por el oficialismo en el Congreso en plazos muy cortos, informó Télam. Esta norma generó modificaciones en varias áreas, entre ellas la educación, la seguridad, el derecho de huelga, las empresas públicas y las transacciones en efectivo, por lo que podrían aplicarse modificaciones de relieve para los uruguayos.
En los cuartos oscuros el domingo habrá boletas rosadas con el Sí a favor de derogar los artículos cuestionados y papeletas celestes con el No, favorables a mantener la LUC como está. Las últimas encuestas preanuncian un resultado muy apretado, con una leve ventaja para el No, aunque con un número importante de indecisos, claves en las horas finales.
Si bien son normas relevantes, el referéndum servirá de termómetro social y político para el Ejecutivo. Un triunfo del No significará, sin dudas, un espaldarazo para el Gobierno de Lacalle Pou, que hasta quizás pueda animarse a impulsar otras reformas centrales en la estructura del Estado. En cambio, significaría otro aluvión de ánimo para el Frente Amplio, que ya logró que la decisión de derogar o no llegue a las urnas.
Qué dice la LUC de Uruguay
La LUC fue sancionada el 8 de julio de 2020 en el Congreso, con 476 artículos, aunque había ingresado con 501. Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que «afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», y establece la figura de la «apariencia delictiva»
Además, aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos; elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas. Asimismo, evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.