Trabajadores de la industria del cine argentino iniciaron durante la tarde del lunes una manifestación frente a la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Es sobre la calle Lima, a pocos metros del Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, lo que están pidiendo es la renuncia del actual titular del organismo, Luis Puenzo, a quien acusan de “desguace” y de ejecutar un “continuismo del ajuste macrista”.
En este marco, distintos cineastas y actores, entre ellos Verónica Llinás y Esteban Lamothe, difundieron a lo largo del fin de semana un comunicado conjunto en donde se referían a la situación del cine en la Argentina. También es el caso de la Asociación de Documentalistas de Argentina, que remarcó: “Consideramos agotado el ciclo de Luis Puenzo como funcionario al frente del INCAA. Su permanencia es funcional al desguace del INCAA y del cine independiente”.
El reclamo contra Puenzo
Según la misma denuncia, desde que inició su gestión en 2019, Puenzo “no ha dado respuesta a los principales problemas de nuestro cine, generando un continuismo con las políticas de ajuste y subejecución, sosteniendo en sus funciones a gerentes de la gestión anterior responsables de la política de destrucción de la actividad audiovisual”. De esta manera, se hizo alusión a la subejecución de 2020, al cual consideran “el peor año de una crisis sin precedentes para la industria audiovisual”.
Así lo manifestó un delegado de la Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital). Se trata de Manolo Sueiro, quien en declaraciones a AM 750, advirtió que “el presupuesto tiene designado solamente el 2% a estas actividades culturales” y que la “preocupación” por parte de los trabajadores de la industria respecto a la gestión del INCAA es “integral”.
Entre los reclamos, se señala una serie de reglamentaciones “que obstruyen el cobro de cuotas y adelantos para las películas” establecido desde 2017. Al mismo tiempo, se resalta la falta de convocatorias, concursos y políticas de fomento federales para la producción de óperas primas; y de difusión, exhibición y conservación de las producciones nacionales, agravada por el desfinanciamiento de festivales y muestras en todo el territorio nacional.
Por último, tema subsidios: aseguran que los programas de financiamiento estatales no llegan al 50% de los gastos requeridos para una producción y que no se priorizan las iniciativas independientes, como indica la ley. Ante lo cual, además de la renuncia de Puenzo, exigen un nuevo plan de fomento para “un Cine Federal, Independiente y Comunitario con perspectiva de género” y, por lo tanto, “un INCAA que garantice un cine con diversidad de miradas y defienda como valor fundamental nuestra soberanía cultural”.
Tensión y disturbios con la Policía
Pasadas las 15.30, se acercó a la puerta del INCAA la Policía de la Ciudad y se produjeron algunos incidentes, entre empujones, insultos y hasta detenciones. Cabe remarcar que la sede del organismo se encuentra a pocos metros de la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, zona en la cual se realizaron dos acampes por parte de movimientos sociales en menos de un mes.
El prontuario judicial del INCAA
En abril de 2017, quien presidia el INCAA, Alejandro Cacetta, fue apartado de su cargo por el Gobierno de turno, a cargo de Mauricio Macri, en medio de denuncias sobre irregularidades en su gestión en el organismo. El desplazamiento del funcionario fue confirmado por el Ministerio de Cultura, que a través de un comunicado explicó que “el recambio obedece a la necesidad de acelerar y profundizar todos los procesos de mejora administrativa” en el instituto, acorde a lo publicado por NA.
Cacetta, quien fuera reemplazado por Ralph Haiek, recibió una acusación por parte de medios de prensa por supuestas irregularidades y maniobras ilegales en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENARC): Pablo Rovito, rector de dicha institución, habría cobrado sumas importantes de dinero por documentales que nunca realizó. Además, hubo contrataciones sospechosas, como la compra de dos sillas a $233.000 a una empresa que no se dedica a vender muebles.
En abril de 2019, la actriz Andrea del Boca y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, fueron a juicio oral y público por el presunto delito de “defraudación a la administración pública”. Se trata de la causa es por los $36 millones del erario público con los que se financió para la realización de la novela «Mamá Corazón», que nunca se emitió al aire. En este marco, también quedaron pegados la extitular del INCAA, Liliana Mazure; Carlos Ruta, Luis Vitullo, Carlos Schwerdtteger, Alberto García, Nahuel Billoni, Nadia Jacky y Hugo Nelson.
En noviembre de ese mismo año, el difunto juez federal Claudio Bonadio sobreseyó al exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, al extinto Fernando «Pino» Solanas, al actor Víctor Laplace y a varios productores cinematográficos que estaban investigados por presuntas irregularidades en el manejo de subsidios del INCAA. En ese momento, todavía seguían procesados los extitulares de ese organismo Jorge Coscia –quien luego sería sometido a juicio oral–, Jorge Álvarez y Mazure.
Todo apuntaba al manejo de subsidios que otorgaba el organismo bajo la denominación «Terceros J» o «3-J». “Se investiga la presunta liberación indebida de pagos a productores por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en el marco de lo normado al suscribirse distintos convenios de coproducción”, dice el expediente. En el mismo, el juez determinó que el INCAA entregaba fondos a distintas producciones, pero luego había un control laxo o nulo sobre la realización de las obras.
Por último, vale recordar que en febrero de este año, se sumó una nueva denuncia por corrupción e irregularidades con los subsidios. Según Jimena Castiñeira Arce, abogada y asesora legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2020, plena pandemia de coronavirus, el Gobierno nacional habría otorgado cerca de $500 millones a varias productoras, de las cuales varias serían truchas.
