El exministro de Planificación, Julio De Vido pedirá dejar sin efecto la sentencia. Sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmiero, dieron a conocer un comunicado de prensa para revocar la causa enmarcada en la “compra de trenes a España y Portugal”. El exfuncionario es acusado de delitos de corrupción, es decir, de defraudación contra la administración durante el kirchnerismo. El Tribunal Oral Federal 6 lo condenó a 4 años de prisión el día viernes.
La defensa de Julio De Vido precisó, en el segundo párrafo del comunicado, la decisión. “Sin perjuicio de que esperaremos a la publicación de los fundamentos cuya fecha fue fijada para el día 2 de junio del corriente año, nos encontramos ya en condiciones de adelantar que, oportunamente, la sentencia será recurrida por esta parte a los fines de que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la sentencia dictada”.
Supuestas irregularidades en el juicio a Julio de Vido
También hicieron mención de supuestas maniobras irregulares en el proceso judicial. “Se sometió a Julio De Vido a un proceso que duró más de 3 años, en el que concurrió un conglomerado de causas en las que nada tenía que ver (muchas de las cuales estaban prescriptas), con múltiples imputados y bajo la intervención de magistrados que solicitaron acceder a su jubilación para luego volver al ejercicio de la magistratura al único efecto de terminar con su tarea en este juicio”, mencionaron.
“Nuevamente, nos enfrentamos a un nuevo avasallamiento del Estado de derecho por parte de los Magistrados y el Ministerio Público Fiscal del Fuero Federal, cuyo resultado es la imposición de una condena contra el Arquitecto Julio Miguel De Vido basada únicamente en el hecho de haber sido Ministro de Estado durante el periodo 2003-2015 y por su intervención en actos protocolares que estaban dentro de sus funciones”, continuaron.
En resumen, los abogados de Julio De Vido calificaron al juicio como “vergonzante”, y a la forma de ejercerse como “contraria a los principios rectores de cualquier Estado de derecho”. También se reprochó La participación de los jueces y de la fiscal durante el procedimiento. A su vez, se señalaron las irregularidades de intervención del Ministerio Público Fiscal.
“La sentencia dictada es una demostración más de un sistema de justicia del cual emanan decisiones irresponsables, sin ninguna justificación fáctica, ni jurídica, y esto no solo es responsabilidad de los jueces que intervienen directamente en estas decisiones inadmisibles, sino también de los otros poderes que acompañan la construcción del Estado de derecho, que son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que, hasta la fecha, poco han hecho por mejorar el nivel de una justicia que está absolutamente en crisis”, concluyeron.
