La semana entrante comenzarán a declarar como testigos los gendarmes que participaron del vuelo a Bolivia en noviembre 2019 donde se habría realizado el presunto contrabando de armas para aportar a la caída del gobierno de Evo Morales. El expresidente Mauricio Macri y sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, entre los principales apuntados.
El juez en lo Penal Económico Alejandro Catania citó a 10 de los 11 gendarmes del primer comando Alacrán que viajaron desde Buenos Aires a La Paz a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con una inmensidad de armamento. En la carga se contabilizó municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos que fueron a parar a manos de la policía y la Fuerza Aérea de ese país, de acuerdo al expediente judicial.
Según informó Télam, la ronda de testimoniales comenzará el martes y se extenderá hasta el 20 de mayo. Además, precisaron que el magistrado citó, concretamente, a «prestar declaración testimonial al personal que integró la misión de la Gendarmería Nacional que fuera desplegada en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020».
¿Qué se investiga en la causa contrabando a Bolivia?
En esta investigación se busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador. Sin embargo, los datos recopilados hasta el momento precisan que el armamento se habría desviado para ser usado en la represión a los manifestantes del Movimiento al Socialismo que apoyaban a Evo Morales.
Además, en el marco de esta investigación, se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los funcionarios nacionales que impulsaron la denuncia. La presentación llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
Los gendarmes que declararon hasta el momento confirmaron que no utilizaron las municiones trasladadas a Bolivia y que no realizaron prácticas de tiro. En consecuencia, desacreditaron la hipótesis de que ese podría haber sido el motivo por el cual el material represivo no regresó a la Argentina.
Incluso, a partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por los gendarmes argentinos en ese país. Según fuentes judiciales, se presume que ahora el juez llegará a la misma información.
Mauricio Macri y los demás imputados en la causa
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
Asimismo, en el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.