El exsenador nacional José Alperovich se negó a declarar este miércoles en el marco del juicio que le inició su sobrina años atrás. De esta manera, el también exgobernador de Tucumán, defendido por el abogado Mariano Cúneo Libarona, desestimó ante la Justicia las acusaciones por violencia de género hacia su pariente, quien se desempeñaba como asesora, entre 2017 y 2019.
La audiencia se llevó a cabo de manera remota y estuvo a cargo del juez Osvaldo Rappa, según consignó NA. En la misma, estuvieron presentes el fiscal Santiago Vismara y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) a cargo de Mariela Labozzetta. Se llegó a esta instancia luego de tres pedidos hechos por los fiscales, el primero en 2019 y por aberrantes agresiones por parte de Alperovich sobre la joven desde 2017 a 2019.
En la audiencia, el dirigente tucumano se negó a contestar las preguntas de la fiscalía y rechazó la acusación en su contra luego de leer la imputación de la Justicia en base a la declaración de su sobrina. Además, los fiscales ampliaron la acusación y, en ese sentido, lo hicieron apuntando al exsenador de seis situaciones de violencia de género en 2018 en Tucumán, sumándose otros casos similares en 2017, tanto en dicha provincia como en la Ciudad de Buenos Aires.
Lo señalado por la denunciante, sostuvieron los fiscales, fue avalado por los informes y los peritajes psicológicos realizados en la causa, así como también por la Junta Médica realizada y las declaraciones que dieron distintas profesionales que tuvieron contacto con la joven. En esos informes, señalaron el contexto en que ocurrieron los hechos donde se daba en un ámbito de violencia.
“En su gran mayoría, los casos de abus* se*ual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido”, remarcaron Vismara y Labozzetta, quienes continuaron: “Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”.
La Corte Suprema de Justicia ya determinó que la causa se debía tramitar en la Capital Federal, pues se instruyó una causa paralela en Tucumán, donde el exgobernador pretendía que allí quedara. “Se vislumbra un cuadro probatorio con la suficiente entidad que permite encuadrar la situación fáctica a la norma procesal delimitada en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, dándose en la especie el estado de sospecha al que ésta alude”, le habían replicado en su momento los fiscales.
