La decisión de la Corte Suprema de poner en funcionamiento inmediato el Consejo de la Magistratura apura a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Sergio Massa y Cristina Kirchner. Los referentes tienen en sus manos la decisión de designar a los parlamentarios que irán al organismo judicial, sin embargo, mantienen frenado el proceso y protagonizan una rebelión contra el Máximo Tribunal.
El kirchnerismo movió en las últimas horas toda su artillería para reafirmar el planteo de la Vicepresidenta de la Nación días atrás. Según entienden, la Corte Suprema impulsó un “golpe institucional” y no respetó la división de poderes. Ante esto, podrían desconocer el fallo del Tribunal Supremo y frenar la puesta en funcionamiento del nuevo Consejo de la Magistratura desde el Parlamento.
El amparo de Massa y Cristina Kirchner que caducó
Hasta el momento, tanto Massa como Kirchner se amparaban en el fallo de un juez de Paraná, Daniel Alonso, que prohibido al Congreso que envíe a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Finalmente, ayer la Corte Suprema lo anuló y dispuso la puesta en funcionamiento inmediato del organismo. De este modo, arrinconó a los titulares de ambas cámaras que deberían acatarlo y firmar la designación de dos consejeros por la oposición.
Sin embargo, el kirchnerismo anticipó que plantaría batalla y no acataría el fallo. “No sé hasta dónde tirarán de la cuerda”, anticipó Debora Plagger en LN+ y anticipó que desde el lado de Sergio Massa hay indecisión sobre el rumbo que tomarán. Hasta el momento, ya están designados 18 de los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, sólo resta la oficialización de la diputada radical Roxana Reyes y el senador Luis Juez.
Otra salida: cambio de nombres
Una de las opciones para que cese la resistencia es cambiar a los representantes opositores en el Consejo. “Podrían ser nombres más maleables, con los que se pueda dialogar”, insistió Plagger.
En paralelo, los diputados del Frente de Todos impulsaron otra jugada para frenar la designación: le reclamaron a la Corte Suprema que otorgue 90 días para poder discutir en el Congreso proyecto de reforma del Consejo. Esta iniciativa tiene la aprobación del Senado, pero quedó trabado en la Cámara baja.
La discusión está abierta y los caminos conducen a estas alternativas. Por un lado, la vía mediante la cual se acata el fallo de la Corte Suprema y se designa a los dos representantes opositores que faltan. También podría impulsarse el cambio de nombres o, por último, avanzar en la puesta en funcionamiento -acordada- de un Consejo con 18 miembros.
