El Congreso de la Nación comenzó este martes el tratamiento para debatir una nueva Ley de Alquileres. El puntapié inicial lo dio la Cámara de Diputados al constituir la comisión de Legislación General, que definió el cronograma para la nueva normativa, que durará todo el mes y dispondrá de cinco reuniones preparatorias antes de llegar a los recintos presididos por Sergio Massa (Cámara baja) y Cristina Kirchner (Senado).
El cronograma para tratar la nueva ley
El primer encuentro de la comisión a cargo de Cecilia Moreau (Frente de Todos) será el martes 12 a las 13.00, cuando se prevé la participación de invitados del interior del país, informó NA. En esta reunión se habilitará la modalidad mixta, de manera remota y presencial, teniendo en cuenta las complicaciones que podrían surgir con la disponibilidad de vuelos para los expositores dado que será Semana Santa.
De las cinco reuniones de comisión, tres serán informativas con la intervención de expositores vinculados a los sectores afectados: inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Luego de la reunión del martes que viene, habrá informativas presenciales el 19 y 20 de abril con la posibilidad de que algunos expositores puedan participar de forma remota. En tanto, el 26 y 27 de abril estarán dedicados al debate entre los diputados para llegar a la firma de los dictámenes.
En total, la comisión deberá analizar 32 proyectos que fueron presentados para reformar la ley de Alquileres. Esta dinámica de debate fue acordada días atrás entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. La principal bancada opositora había pedido una sesión especial para votar la derogación de la ley actual, pero no los resultados no fueron los esperados y se llegó a esta instancia.
La “Ley Lipovetzky” que no cumplió sus objetivos
La norma vigente -denominada “Ley Lipovetzky” por su autor, el exdiputado Daniel Lipovetzky- fue sancionada en Diputados en noviembre de 2019, cuando aún gobernaba Mauricio Macri, pero terminó siendo convertida en ley en junio de 2020, en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández.
Pese al amplio apoyo interpartidario, la normativa no cumplió el objetivo de contener los aumentos y provocó el efecto contrario, debido a la reducción de la oferta de viviendas en alquiler. Las principales objeciones tienen que ver con el plazo de duración de los contratos, que pasó de dos a tres años, y con el mecanismo de actualización anual de los precios de acuerdo a una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).
El proyecto que presentó el Frente de Todos
La mayoría de los proyectos presentados hasta entonces retoma los contratos de dos años y el ajuste semestral de los valores. Como primera oradora de la breve reunión, Moreau recordó que muchos de los diputados presentes acompañaron la Ley 27.551, pero señaló que en la actualidad “tiene requerimientos muy importantes por parte de inquilinos y propietarios que no podemos dejar de escuchar”.
Vale mencionar que semanas atrás, el diputado José Luis Gioja presentó un proyecto al respecto. Además de prometer menores requisitos para monotributistas inquilinos, su iniciativa propone que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
Beneficios a monotributistas. La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución, deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Así, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia.
Alquileres sociales. Para atender la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, el proyecto oficialista propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) destinados a la gestión pública de alquileres sociales.
Inmuebles deshabitados e ingresos brutos. En este sentido, el documento que propone la modificación de la Ley de Alquileres establece además la necesidad de elaborar un proyecto de ley para gravar en provincias y en la CABA a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda, y que se encuentran deshabitados. Asimismo, se busca que las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Exención de bienes personales. Por otra parte, plantea que los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos. Este régimen de beneficios regirá por los próximos 15 periodos fiscales anuales, a partir de la entrada en vigencia de la ley.
