El Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para discapacitados, que depende del Gobierno nacional, anunció un aumento salarial del 35% para los prestadores de salud, cuando en el resto de las paritarias han logrado acuerdos entre el 50% y 60%. En el sector de los prestadores no hay sindicatos y los empleados deben someterse a una nomenclatura dispuesta a dedo por el oficialismo. Ahora, van a marchar el 28 de abril en todo el país para reclamar un incremento justo y equitativo. Los profesionales que ayudan a personas con discapacidad parece que no son incluidos por el kirchnerismo.
«Hoy 26 de abril, se reunió el Directorio del Sistema Único de Prestaciones para tratar el aumento de aranceles. Acordaron 25% para mayo y 10% en junio. Luego evaluarán los aumentos del segundo semestre, no acumulativo. Lo oficializan para mayo, lo facturamos en julio, lo cobramos en septiembre. El aumento no oficializado es insuficiente. Los reclamos sobran», expresaron desde una agrupación informal de trabajadores del rubro, quienes buscan organizarse para evitar el ajuste del Gobierno.
¿Qué piden los trabajadores de la atención integral para discapacitados? Según un petitorio firmado por más de 11.000 personas, las exigencias son: nomenclador regulativo y no orientativo con aumento del 60%; pago de los honorarios adeudados a los profesionales, integración parcial equivalente a 1 módulo de maestro de apoyo. Integración completa equivalente a 2 módulos y aprobación inmediata de todos los tratamiento de enero a diciembre.
Hoy un acompañante terapéutico para una persona con discapacidad cobra $35.000 por mes trabajando 20 horas semanales. Un sueldo que no representa ni siquiera el salario mínimo vital y móvil que hoy es de 38.940 pesos. Incluso, hay entidades que tardan en pagar o directamente adeudan cuotas salariales a trabajadores que en muchos casos son profesionales de la salud.
El abandono del Gobierno despertó la angustia en los prestadores
La petición de los trabajadores está dirigida al: presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti; a Fernando Galarraga, Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad y al Director general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniel López. La situación es desesperante y los trabajadores han agotado todas las instancias.
«Es una precariedad la situación en que vivimos. Cobramos los trabajos de mayo, recién para finales de septiembre y en ese periodo aumentará 3 veces más la inflación. Que injusticia», expresó una de las empleadas afectadas. Los sueldos son pagados por las obras sociales, que solamente se rigen de acuerdo a lo que dice la Agencia Nacional de Discapacidad.
