Este miércoles, el Parlamento de Nicaragua, controlado por aliados del presidente Daniel Ortega, clausuró otras 25 organizaciones no gubernamentales consideradas críticas al gobierno, lo que fue visto por la oposición como un acto de persecución en contra de sociedad civil y grupos antagónicos.
Desde que inició la crisis política en 2018, diputados han cerrado un total de 162 ONGs. Argumentan que han violado leyes nicaragüenses e incumplido con transparentar sus reportes de ingresos. Las 25 organizaciones fueron clausuradas con 74 votos a favor y 15 abstenciones.
«No hay voluntad de parte del Gobierno de que haya organismos (…) que documentemos la violación de derechos humanos», explicó Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una de las organizaciones afectadas por la medida.
La mayoría de estas ONGs trabajan temas de derechos humanos y realizan labores sociales y culturales, entre ellas la Fundación Coen, brazo social de un poderoso grupo empresarial en Centroamérica y la fundación del escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, actualmente exiliado. El patrimonio de estas agrupaciones pasará a manos del Estado, según la decisión legislativa, tal y como ha ocurrido en casos previos, informó Reuters.
«Muchas de estas ONGs que también funcionan como microfinancieras y tienen actividades lucrativas perfectamente pueden seguir funcionando regulados por el Ministerio de Comercio», dijo el diputado oficialista Wilfredo Navarro. Desde diciembre, el Parlamento ha clausurado tanto organizaciones como universidades en las que el Gobierno considera que no tiene influencias.