Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional a indemnizar a la ex Ciccone Calcográfica. Se trata de aquella imprenta expropiada en 2013 por el entonces vicepresidente Amado Boudou, lo cual le valió una condena, más allá de que ahora recuperó la libertad condicional. En este marco, ahora piden que Cristina Kirchner, el propio Boudou y Carlos Zannini, paguen los $1.000 millones de deuda.
El reclamo contra CFK, Boudou y Zannini
La solicitud la formuló grupo de diputados de Juntos por el Cambio bajo la forma de proyecto de declaración, según consignó NA. A través del mismo, que ya entró en el Congreso, se pide “instar al Poder Ejecutivo” para que disponga que el resarcimiento que el Estado debe pagar por la expropiación de la empresa Ciccone Calcográfica sea afrontado con el patrimonio de la actual vicepresidenta, el actual procurador del Tesoro y el referente del espacio Soberanxs.
La iniciativa responde “al reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el 3 de marzo del 2022 en la causa caratulada ‘Ciccone Calcográfica S.A. s/ otros – concurso preventivo s/ incidente transitorio’, que dispone que el Estado deba hacer efectivo el pago de una suma que asciende a más de mil millones de pesos”. Así explicaron la determinación de los cuatro integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
La Corte dictó la inconstitucionalidad de la Ley Nº 26.761 que dispuso la expropiación de la imprenta, que afrontaba un proceso de quiebra y derivó en las condenas a Boudou y otros funcionarios y empresarios por el fallido intento de rescate. Los diputados opositores propusieron que el Parlamento le recomiende al Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias para que dichas sumas de dinero sean afrontadas” tanto por Boudou como Zannini y Cristina, a quienes apuntan como “los verdaderos responsables de propiciar el tratado y la aprobación” de la expropiación.
Los diputados que elevaron el pedido en el ámbito legislativo son Graciela Ocaña, Pablo Torello, Gerardo Milman, Marcela Campagnoli y Roberto Sánchez, entre otros, quienes además consideraron que la normativa sancionada por el Congreso en 2012 fue “una ley sancionada con el único objetivo de encubrir los actos delictivos llevados a cabo por Amado Boudou”.
El fallo
La medida se motorizó a través de una ley que se votó en el Congreso Nacional, que preveía un pago de $275 millones que sería compensado por las deudas impositivas que ostentaba la compañía. Sin embargo, ello fue judicializado por los dueños de la empresa, que argumentaron la “inconstitucionalidad” de la norma votada. Con lo cual, el máximo tribubal decidió que la cifra a pagar sea de 1.000 millones.
El caso
En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) se presentó en la Justicia a efectos de pedir la quiebra de Ciccone Calcográfica por una deuda con el fisco de 60 millones de dólares, que se ordenaría el 15 de ese mes. Le reclamaba una deuda fiscal de más de $200 millones. Acto seguido, la empresa London Supply,? contratista del Estado Nacional, se presentó ante la Justicia y pagó $1,8 millones para permitir el trámite de levantamiento de la quiebra de Ciccone.
London Supply pagó el dinero “en nombre de” la empresa fantasma llamada “The Old Fund”,? representada por Alejandro Vandenbroele; quien pasó a ser el presidente de la firma.? El 24 de septiembre de 2010, la Justicia levantó la quiebra de la ex Ciccone, lo que se tornó efectivo a partir de mediados de octubre de ese año. En octubre de 2010, Ciccone pidió a la Afip una moratoria que incluyera quita de intereses, multas y honorarios.
Ante ello, el jefe de asesores de la Afip, Rafael Resnick Brenner, consideró aceptable el pedido, pero sugirió consultar al entonces ministro de Economía Boudou. Tras el tratamiento de las partes, Boudou firmó una nota para que se proceda a la petición de Ciccone, dando instrucciones para darle a la empresa una moratoria excepcional a efectos de poder refinanciar su deuda.
El 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos, pero el entonces titular de la Afip, Ricardo Echegaray, rechazó de puño y letra afirmando que “el plan debía ajustarse a derecho”. Finalmente, a mediados de 2011, The Old Fund tomó el control de la planta y en julio fue renombrada como Compañía de Valores Sudamericana S.A.
