El Consejo de la Magistratura suma un nuevo capítulo a la polémica por su conformación. En este marco, dos de sus miembros fueron denunciados por “incumplimientos graves”. Se trata de Jimena de la Torre y Diego Marías, a quienes acusan de omitir suspender sus matrículas, tal como lo exige la ley. La presentación la recibió el presidente de dicho organismo, y además titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
La agrupación denunciante es Gente de Derecho, encabezada por el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo. El mismo le remitió una nota de más de 40 páginas Rosatti, advirtiendo sobre “una gravísima violación legal que hace a la inhabilidad legal y moral de dos miembros del cuerpo”.
La denuncia
Rizzo sostuvo que los consejeros De la Torre y Marías están obligados a suspender su matrícula federal porque la ley establece que “los miembros del Consejo de la Magistratura estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales”. En tanto, la ley del Consejo sostiene: “Los abogados deberán suspender su matrícula federal por el tiempo que dure el desempeño de sus cargos”.
Otra norma, añade el escrito, “impide a los abogados que se desempeñaren en cargos como el de Consejero, ejercer la profesión. Y no basta para ello con una simple manifestación; ni siquiera alcanza con una declaración jurada: deben inhabilitar su matrícula efectuando la denuncia correspondiente ante el Departamento de Matrícula del Colegio Público”.
De la Torre y Marías en las elecciones del Colegio Público
Según la denuncia, De la Torre y Marías no cumplieron con ese requisito y, además, “hicieron publicidad de la lista 67” que ganó las recientes elecciones en el Colegio Público. El nuevo presidente de esa institución será, a partir del 30 de mayo, el excamarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. En los comicios que lo ungieron, ni De la Torre ni Marías emitieron su voto, pese a que –remarca la denuncia– no podían hacerlo.
“Dicha circunstancia es una notable violación dispuesto por la normativa señalada que coloca a los consejeros en la misma condición de los magistrados cuando dispone sus inhabilidades, pero lo que roza con la mala fe. O, peor aún, con el desconocimiento del Derecho, es que al no haber denunciado dicha incompatibilidad ambos letrados figuran en el padrón de matriculados habilitados para votar”, sostiene la presentación ante Rosatti.
Por último, Rizzo denunció “la ausencia total de respeto por las normas que dicen venir a hacer cumplir los aquí encartados”. “Es necesario que ésta ‘nueva historia’ del Consejo de la Magistratura comience con el pie derecho e imponga el máximo de sanción prevista a quienes, siendo parte del propio Organismo, incumplen de manera malsana con expresas mandas de las leyes del Consejo y de la Colegiación”, concluyó el denunciante.
