Con el objetivo de hacer cumplir la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares n° 27.453, el Gobierno de Alberto Fernández desembolsará millones de pesos para la expropiación de barrios populares. Los territorios se despliegan por todo el país, y, según lo dispuesto por la Ley, se trata de villas, asentamientos o construcciones informales. El propósito, según lo dispuesto por la nueva medida que se sancionó en 2018, es que la población pueda acceder a la propiedad de sus viviendas, ya que estas no cuentan con el título correspondiente.
“Se entiende por integración socio urbana, a los efectos de la presente ley, al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”, explica la Ley 27.453.
Aplicación de las expropiaciones
Según lo dispuesto por el Boletín Oficial este sábado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a cargo 9 barrios populares de diferentes magnitudes, entre ellos, el barrio Los Hornos (Mendoza), Malvinas Argentinas (Mar del Plata), Tres de Marzo (Quilmes, provincia de Buenos Aires), Agote (Mercedes, provincia de Buenos Aires), entre otros.
El Estado también hará uso de la Ley de Expropiaciones n° 21.499, más precisamente el artículo 2. Allí, se fija que “podrá actuar como expropiante el Estado Nacional; también podrán actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado Nacional, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales”.
En cuanto a la otra ley ya nombrada, al aplicarse la normativa de Alberto Fernández sobre los barrios populares, estos son declarados automáticamente de interés público. De esta manera, la Agencia se compromete a realizar tareas de saneamiento y mejoramiento a los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).
La modificación que impulsó Alberto Fernández
La modificación de la ley de expropiaciones se realizó en octubre de 2018. El Congreso aprobó una ley, impulsada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que declaró de interés público y sujetos a expropiación a todos los inmuebles y predios en los que había asentados barrios de emergencia, de acuerdo al censo realizado por el Ministerio, con el fin de urbanizar esos terrenos. Seguramente, el censo nacional realizado este miércoles impulsó al Estado a promover estas expropiaciones.
¿Cuánto le cuesta al Estado la inversión?
En 2022, el Ministerio de Desarrollo Social agregó un plan en el marco del RENABAP, llamado “´Programa Mi Pieza”, en el que los habitantes de estos barrios podían acceder a $240.000 para realizar mejoras, ampliaciones o arreglos en sus hogares. El beneficio se facilitó a través de Anses, mediante el trámite del Certificado de Vivienda para constatar todos los requisitos.
Asimismo, está incluida una indemnización a raíz de la expropiación, según lo establece el artículo 10 de la Ley de Expropiaciones. “La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, sostiene el escrito. De este modo, aunque no están especificados los costos, está claro que el Estado invertirá una buena parte de sus fondos en medio de la crisis, pese a las críticas por el agrandamiento del gasto público.
