El kirchnerismo busca imponer su condición de minoría en el ámbito del Congreso de la Nación. Tras la derrota en las últimas elecciones legislativas, el Frente de Todos perdió la mayoría en las dos cámaras (Diputados y Senado). Es por eso que varios dirigentes que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner están planeando una estrategia para enfrentar a la mayoría: la consulta popular.
Desde diciembre último, cada vez que el kirchnerismo logra aprobar una iniciativa en el Senado, luego se disipa en Diputados porque no le alcanzan los votos propios. Ni siquiera sumando a los pocos aliados que le quedan de bloques minoritarios. Claro que hay una excepción, como cuando la coalición gobernante logró la aprobación de la modificación del impuesto a los Bienes Personales.
No obstante, los casos en los que el oficialismo perdió son la reforma judicial y la reforma del Consejo de la Magistratura. Misma suerte podría correr el proyecto para que el Estado recupere una parte de los dólares por bienes no declarados en el exterior y destinar esos recursos al pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Qué es la consulta popular y qué legisladores K la proponen
Es en este sentido que emergieron proyectos de consulta popular. Es decir, que sea la ciudadanía la que defina sobre temas trascendentales para la vida democrática. La iniciativa la trajo en la mesa el senador nacional Oscar Parrilli. En noviembre pasado, la mano derecha de Cristina Kirchner buscó flexibilizar las consultas populares pidiéndole a su par Guillermo Snopek (titular de la comisión de Asuntos Constitucionales) que arbitre los medios para avanzar con ello.
Según el texto de la reforma planteada por Parrilli, la Cámara baja “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”, según informó NA.
La propuesta de Parrilli incluye un cambio en la mayoría necesaria para convocar a consultas populares vinculantes. Así lo expresa en el documento presentado: “Deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presente en cada una de las Cámaras”. Esto es en contraposición a la legislación actual, que prevé la “mayoría absoluta”.
El senador K recuerda que “lamentablemente en los 20 años de sancionada esta Ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra Patria estuvo sometida a la opinión popular”. En la misma línea, la titular del bloque Unidad Ciudadana en la Cámara alta, Juliana Di Tullio, también presentó un proyecto similar.
La iniciativa de Di Tullio presenta una particularidad: establece que la fecha de la consulta popular, cuya participación es optativa, coincida con la de las elecciones nacionales, que son obligatorias. Según la legisladora, esta modalidad permitirá transparentar el pensamiento de los candidatos sobre los temas de trascendental importancia, al tiempo que la ciudadanía tendrá en cuenta esa información a la hora de votar.
