CATAMARCA.-(Por Juan Carlos Andrada) Funcionario del gobernador Raúl Jalil preocupado por recuperar la plata que invirtió en financieras, descuidó la institución al punto que autoridades judiciales le hicieron fuertes observaciones. Se trata del Director del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Crio Gral. Daniel Coronel. Como sucede en otros casos, las consecuencias personales, profesionales, familiares y económicas tras las estafas materializadas en Catamarca, son devastadoras.
Si bien el gobernador catamarqueño dijo que iba a tomar medidas con los funcionarios que se encuentren involucrados en el escándalo de las financieras, muchos siguen en sus cargos a pesar de que se filtraron los nombres de los legisladores y políticos que jugaron a la timba financiera para hacerse ricos con las extraordinarias ganancias prometidas. El agravante es que Coronel tiene en el Penal al mayor estafador o deudor de los inversionistas: Edgar Bacchiani, titular de Adhemar Capital.
Diario El Intransigente ofrece un primer informe de las falencias detectadas en la última inspección conforme lo establece el art. 208 de la ley 24660 y con motivo de la próxima visita al Establecimiento Penitenciario por parte de la Corte de Justicia y los organismos judiciales. Asimismo, le dan diez días a Coronel para que solucione el estado deplorable en el que se encuentran las instalaciones. Le marcan que su labor institucional se encuentra al margen de la ley y que se olvidó de la reinserción laboral. ¿Tan mal quedó el Comisario Coronel después de la estafa que convirtió el Penal en un depósito de personas? ¿Lo único que le importa al funcionario de Jalil es cuidar al preso Bacchiani para ver si él y algunos amigos cobran lo adeudado en calidad de timba?
«1.- No se da cumplimiento con el Tratamiento Penitenciario fin de la pena privativa de la libertad. Se pudo constatar que los privados de libertad en su calidad de procesados, quienes a requerimiento de los juzgados se intimó a la Dirección del Servicio Penitenciario, se comunique el derecho que les confiere, el art. 11 de la ley 24.660. A pesar que en su mayoría aceptaron hacerlo, no se lleva a cabo por falta de profesionales y personal para el periodo de observación y tratamiento. Al solicitar los informes pertinentes como así también en entrevistas con las psicólogas, manifestaron que solo son tres las profesionales, para llevar a cabo la tarea por lo que resulta imposible la diagramación del tratamiento, con el agravante de la falta de historial criminológico en cada incidente. En igual sentido, en relación a condenados, la evaluación en algunos casos se realiza al momento de que el interno solicita un beneficio penitenciario, libertad condicional o asistida», señala la primera parte de este informe judicial que publica hoy El Intransigente.
«Asimismo, la falta de un profesional en psiquiatría desde principios del año 2020, trae aparejado una grave omisión no solo la opinión para el egreso del interno en caso de libertad asistida (art. 54 de la ley 24660) sino para el tratamiento de adicciones ordenado por los Tribunales de Sentencia y las patologías psiquiátricas que padecen algunos internos, cuya derivación y hospitalización para su compensación resultan complejas y problemáticas en el nosocomio público. Esta situación preocupa sobre manera, toda vez que hay un porcentaje importante de internos que se encuentran medicados con fármacos como antipsicóticos, ansioliticos y otros, sin control médico. La medicación suministrada en algunos casos desactualizada, data de la época en que concurría el psiquiatra Obando Ríos a principio del año 2020, según los informes solicitados. Por ello, se recomienda nuevamente que se gestione profesionales en psiquiatría con presencia diaria en el establecimiento para la diagramación de estrategias de intervención, seguimiento diario, con coordinación de las áreas programáticas del tratamiento penitenciario, resultando de inestimable valoración al momento de resolver la incorporación de los internos a los distintos periodos de la progresividad», expresa el escrito firmado por la Dra. Alicia Elizabeth Cabanillas y la Dra. Claudia Avilez, Juez de Ejecución Penal-Primera Nominación y Juez de Ejecución Penal- Segunda Nominación, respectivamente.
«Igualmente se advierte la inexistencia de programas específicos por falta de profesionales en las áreas programáticas: PROGRAMA PSICOSOCIAL PARA EL APRENDIZAJE DE AUTOCONTROL (violencia de género); GABINETE DE INTERVENCIÓN PARA AGRESORES SEXUALES ESTABLECIDO POR LA LEY 26813 (programa vigente desde el año 2014) si bien se hace alusión en algunos informes, el programa funciona sin el gabinete que exige la ley, por falta de profesionales (trabajador social y psicólogas); PROGRAMA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN INTERNOS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS; PROGRAMA SOBRE ADICCION AL CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PROGRAMA DE PREVENCION DEL SUICIDIO; PROGRAMA DE DERIVACION AL CIS Y ATENCION PARA USUARIOS DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS EN CONTEXTO DE ENCIERRO (programa implementado en junio del 2018); PROGRAMA PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJES (sea por adicciones o débil retraso madurativo). La presencia de una profesional en psicopedagogía resulta de gran importancia ante la problemática que presentan algunos internos al momento de evaluar su compromiso educativo como parte del tratamiento», observan los jueces.
Mañana, segunda parte de este informe judicial que publica en exclusiva El Intransigente.
