El presidente de la empresa alimenticia Vicentin, Oscar Scarel, fue detenido esta mañana por orden del fiscal santafesino Sebastián Narvaja, titular de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Lo dispuso así por el supuesto «incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad». En resumen, está acusado de estafas por utilizar fondos cautelados por la justicia.
La medida, acorde precisó NA, fue dispuesta después de que el viernes pasado el abogado querellante Gustavo Feldman presentara un escrito en el que denunció que Vicentin intentaba desprenderse de acciones de su controlada Renova. El supuesto objetivo se basaba en obtener fondos para pagarles a sus acreedores, en el contexto del concurso que afronta.
Los argumentos en su contra
Según la nueva documentación, «la propuesta concursal efectuada por Vicentin no solo confirmaría que la presentación de su fraudulento concurso preventivo constituía un medio por el cual los imputados buscaban asegurar los indebidos beneficios obtenidos con las estafas perpetradas en perjuicio de todos los acreedores, sino que además constituiría en sí mismo un nuevo intento defraudatorio«.
Feldman, representante de uno de los acreedores del conglomerado alimenticio con sede en Santa Fe fue el que advirtió sobre la maniobra. El propósito, según la investigación, era que acreedores privilegiados y la familia Vicentin se queden «con los principales activos de la empresa (Renova, plantas de San Lorenzo y Ricardone, Renopack, Oleaginosa San Lorenzo y Patagonia Bioenergía)».
«Vicentin afirma que la venta de las acciones que actualmente posee en Renova permitirá obtener los fondos necesarios para la realización de los pagos comprometidos a los acreedores en su fraudulenta propuesta, que no llegan ni al 20% de la deuda total», alertó el escrito. Esos pagos anunciados «implican la venta de bienes y acciones cuya disposición se encuentra vedada por las cautelares dispuestas, sin advertir de esto a los acreedores y sin siquiera mencionar su existencia en los contratos que celebró con los interesados estratégicos».
Descargo de Vicentin
Por su parte, la cerealera Vicentín difundió un comunicado de prensa, en donde se trató la detención de Scarel como «absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida«. “El supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido con las restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas», añadió la empresa.
“Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido. No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder”, culminó el escrito.
En el sistema penal santafesino, los fiscales pueden disponer la detención de un imputado y, en el término de 72 horas, debe realizarse una audiencia ante el juez. En definitiva es quien debe resolver si convierte esa medida en prisión preventiva, por lo que estas horas serán decisivas tanto para el presidente de la empresa como para la cerealera en sí.
Antecedentes de la empresa
Actualmente la deuda total de Vicentin es de USD 1.350 millones, de los cuales USD 1.000 millones corresponden a bancos. El Banco Nación (BNCA) es el principal acreedor, con $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $1.600 millones. En junio de 2020, Alberto Fernández dictó un DNU para intervenir de forma transitoria durante 60 días el grupo Vicentin, cuestión que le valió un fuerte rechazo desde el sector agroindustrial.
