Guillermo Marijuan, fiscal federal, denunció a Eduardo Belliboni y Gabriel Solano, dirigentes del Partido Obrero por cobrarle una comisión a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y por obligarlos a presenciar marchas en las calles. El delito está encuadrado en amenaza y extorsión y ahora quedará en manos de la jueza María Servini.
«Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones», explicó Marijuan en declaraciones citadas por la Agencia NA sobre la manipulación de los más vulnerables.
Marijuan pidió al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación que informen «qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero desde el 2020». Por otro lado, el fiscal exigió registros de denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios del plan a cambio de su otorgamiento.
Según Belliboni, uno de los dirigentes sociales más mediáticos informó ante los medios de comunicación que la comisión del 2% es para financiar el «alquiler de los comedores y merenderos y el gasto logístico y de transporte de la mercadería». Lo cierto es que Marijuan elevó un pedido de información a intendentes y gobernadores para saber si hay más denuncias sobre pedidos de dinero a beneficiarios de planes.
«Hice la denuncia y el tema es sumamente complejo. No hay un cambio en la normativa respecto al control de los planes. La gente se encuentra en una situación muy delicada. El problema es que el Estado delega el control del cumplimiento de los requisitos para seguir cobrando el plan en unidades de gestión que puede estar a cargo de municipalidades u organizaciones civiles o particulares, con lo cual es una locura», concluyó Marijuan.
