Aunque el Gobierno nacional intente frenar la inflación, los precios siguen manteniendo su tendencia alcista en el sexto mes del año. Las políticas públicas en el plano económico no están pudiendo desacelerar este fenómeno. El Indec, en su último informe del Índice de precios al consumidor (IPC), difundió que el índice inflacionario acumula más del 23% en lo que va del 2022.
Esto se ve reflejado, en gran parte, en servicios y bienes indispensables para los argentinos, que continúan subiendo sus tarifas. Entre ellos, se encuentra el sector de la medicina privada, que viene aplicando aumentos autorizados por el Gobierno nacional y regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Entrando en más detalles, los aumentos progresivos tienen la intención de equiparar los desfasajes entre las tarifas de las obras sociales y la inflación, elevando también los aranceles que las prepagas deben pagar a las clínicas, hospitales privados y sanatorios.
De acuerdo con las disposiciones estatales, el porcentaje total de aumento autorizado hasta julio es del 22% en tres meses. Durante mayo ya se efectuó una suba del 8%, un 10% en junio y se aplicará un 4% más en julio para cerrar la primera mitad del año. Ahora bien, si se tienen en cuenta los aumentos a partir de febrero de este año, cuando se publicó en el boletín oficial la Resolución 459/2022, la suma de los porcentajes da un total de 43%.
Siguiendo con esta tendencia, en la segunda mitad del año se estipula que habrá aumentos bimestrales, establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud y la Dirección de Economía del Ministerio de Salud. Estas subas serán calculadas a partir del Índice de Costos de Salud y serán notificadas con 30 días de anticipación al afiliado de la prepaga u obra social. Esto se ve reflejado en la Resolución Ministerial 867/2022, que establece “incrementos bimestrales en el valor de las cuotas de las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). En esta vorágine de aumentos, cada dos meses, se contemplan muchos factores del sector de salud, como los recursos humanos, los insumos y elementos médicos, los fármacos y medicamentos, entre otros gastos.
Ante esta situación, se comienzan a hacer cálculos estimativos. Una cuota de un plan de salud promedio, sin copagos, podría rondar los $35.000, sin tener en cuenta las obras sociales y prepagas más caras y de renombre. Estas subas escalonadas y significativas les generar un gran beneficio al sector de medicina privada, que tenía sus precios muy desfasados con la inflación, sin embargo, les produce un gran perjuicio a los usuarios, que vienen teniendo aumentos en diferentes bienes y servicios. Ahora, deberán destinar gran parte de sus sueldos a cubrir planes médicos.
