Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron dos manifestantes asesinados por la policía bonaerense en una manifestación de Avellaneda contra el hambre. El acto sucedió el 26 de junio de 2002 y hoy se cumplen 20 años de aquella fatídica escena que quedó fotografiada por un periodista, lo que permitió encontrar a los efectivos que hoy siguen presos.
En esos tiempos, el presidente era Eduardo Duhalde y el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá. Tras seis meses del estallido social del 2001, todavía había organizaciones sociales que reclamaban por el hambre, la desocupación y la inflación, por lo tanto, las protestas se multiplicaban constantemente. «La masacre de Avellaneda es un crimen de Estado. Estamos hablando de 33 compañeros con balas de plomo en diferentes zonas vitales», señaló Mariana Davico en Télam, quien fue parte en ese momento del Movimientos de Trabajadores Desocupados que militaban los dos militantes asesinados.
En un momento donde los manifestantes querían cortar el puente Pueyrredón y otros accesos, la Policía advirtió que iba a reprimir si no se despejaba la zona rápidamente. No paso mucho tiempo y comenzaron los disparos con balas de goma y también de plomo. La contraofensiva de los militantes no eran más que algunos trozos de piedra, pero todos huyeron hacia el centro de Avellaneda, mientras la policía los seguía persiguiendo.
Maximiliano Kosteki fue asesinado de un balazo en la avenida Yrigoyen de Avellaneda cerca de un supermercado y Darío Santillán perdió la vida en el interior de la estación ferroviaria de ese barrio. Esto último fue filmado y fotografiado por periodistas que estaban en el lugar. Tiempo después se descubrió que Santillán había intentado ayudar a Kosteki que estaba en el piso y fue ahí que recibió un balazo para luego caer sin vida en la avenida.
Ese día, hubo más de 7 intentos de homicidio y tras una investigación exhaustiva se logró la condena a los autores materiales de los dos crímenes: el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, que fueron condenados a prisión perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio. Tras 20 años, el hecho significó un quiebre en el método represivo de la policía.
«Yo veo hoy en todo el sector de la economía popular una continuidad, una herencia, de aquellas primeras experiencias que impulsamos en medio de la lucha. Lo otro es el cambio que quedó marcado en el país, en cuanto a los criterios de represión de la protesta social. Hubo una lección que aprendió la clase política, por lo menos en el trazo grueso: de que tienen que preservar la vida cuando se toman decisiones represivas, aunque sería bueno que aprendan a que no habría que tomar decisiones represivas cuando se trata de atender demandas sociales», sentenció Pablo Solana, exmilitante del MTD.
