Tras la decisión del Gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad, dos diputados provinciales de Juntos por el Cambio y Avanza Libertad presentaron un proyecto de ley en el mismo sentido para «facilitar el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura». La finalidad es avanzar con la prohibición en Buenos Aires. El partido liberal representado por José Luis Espert se ha expresado numerosas veces contra esta forma de escribir y hablar.
El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Matías Ranzini, y su par de Avanza Libertad, Guillermo Castello, fueron quienes redactaron y presentaron esta semana un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. “Junto @MatiRanzini presentamos hoy un proyecto prohibiendo el lenguaje inclusivo en el Estado y en el sistema educativo de la provincia. El lenguaje oficial debe facilitar la publicidad de los actos de gobierno y el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura”, explicó Castello en su Twitter.
Luego, tal como hizo Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa del día viernes, el mismo legislador hizo una aclaración sobre el proyecto. ”Aclaración Chiques: A favor de que en su vida privada hablen en inclusivo, mandarín o sánscrito. En contra de que el Estado IMPONGA un lenguaje NO OFICIAL por medio de sus organismos públicos y escuelas”.
¿Qué establece el proyecto?
El Artículo 1 del proyecto expresa los espacios institucionales en donde el lenguaje inclusivo pasaría a estar prohibido si se aprobase la normativa. Se establece que en “todas las actuaciones administrativas y judiciales, documentación oficial y publicidad oficial de la Administración Central, Poder Legislativo, Poder Judicial, Reparticiones Autónomas o Autárquicas y empresas públicas de la provincia de Buenos Aires se utilizará el idioma español conforme las normas que establece la Real Academia Española”.
En tanto, el Artículo 2 impone la “exclusión de toda modificación de reglas idiomáticas en general, y en particular las tendientes a reemplazar el uso del masculino genérico”. Según establece el proyecto, el morfema o marca de género “abarca a todas las personas, pertenezcan o no a dicho género”. También excluye “la inclusión en las palabras de signos o letras que deformen su sentido u ortografía”.
Además de las instituciones gubernamentales mencionadas en el primer artículo, el proyecto de ley extiende la prohibición “a todos los establecimientos educativos de todos los niveles, sean de gestión pública o privada, e incluirán tanto el lenguaje oral como escrito”. Pese a las críticas que recibió el GCBA sobre este punto, los diputados opositores están decididos a avanzar sobre esta medida.
Sanciones posibles
Por último, la propuesta establece sanciones sobre los funcionarios públicos y agentes que no cumplan con la normativa e incentiven el lenguaje inclusivo en la vida pública. Según lo indicado, aquel que incumpla “incurrirá en falta grave y quedará expuesto a las responsabilidades administrativas que pudieran caberle, conforme lo previsto en las normas vigentes”.
