Argentina es uno de los pocos países en el mundo que goza de la educación y la salud como servicios públicos. Esto no solo dio lugar a que lleguen personas de otros países para acceder a ambos sistemas, sino que también los privilegió. Por ejemplo, nunca falta la Universidad de Buenos Aires en lo más alto de un ranking de mejores establecimientos universitarios. En este marco, legisladores porteños proponen que la Ciudad de Buenos Aires (CABA) cobre por la educación y la salud a habitantes de otras provincias.
Se trata de la creación de un “Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional” para que las provincias de aquellos ciudadanos que usen uno o ambos servicios en CABA reintegren los gastos al Estado porteño. La autora de la iniciativa, que seguramente despertará controversia, es Marina Kienast, legisladora porteña por Republicanos Unidos, espacio que integra Juntos por el Cambio. Asimismo, uno de los coautores es Roberto García Moritán.
Qué dice el proyecto
El texto señala que “los establecimientos de salud pública de la CABA deberán notificar al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe” cuando “una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción” se atienda en un centro. Asimismo, se deberá detallar “la consulta, internación o tratamiento médico y el costo según el Nomenclador de Prestaciones”. Finalmente, se remitirán en forma mensual “los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.
A continuación, se explica el tema de la educación. “Los padres o tutores cuyos hijos o tutelados estén domiciliados fuera” de CABA “que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de CABA, deberán registrarse en la web que habilite el Gobierno de CABA para acceder a las vacantes”, dice el texto. Allí, “se considerará disponibilidad de los colegios y localización geográfica de los solicitantes”.
“Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas”, sigue el proyecto de Republicanos Unidos. Una vez realizado eso, se pasará a “cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”, concluye el texto.
La explicación de los legisladores
“Los servicios públicos no son gratuitos. Si bien el consumidor final no abona dinero por su uso, los servicios proveídos por el Estado son financiados mediante los impuestos cobrados a los ciudadanos”, argumentó Kienast en su cuenta de Twitter. Luego, se atajó al afirmar estar “a favor de la salud y educación pública siempre”. Aunque remarcó no creer “que sea justo que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras zonas del país”.
En esta línea, la legisladora explicó: “Nuestra propuesta es que CABA pueda recibir del resto de las provincias el costo de la atención por los servicios de salud y educación prestados a ciudadanos de otras jurisdicciones”. Y aseguró: “Esto NO significa que el consumidor final deberá abonar dinero al momento de usar el servicio”. Sino que “existiría una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor, y CABA”.
A su turno, García Moritán contempló que “cada Provincia tiene un presupuesto destinado a la educación y la salud de sus habitantes”. Por lo tanto, “la Ciudad no puede seguir costeando la incapacidad de gobernadores como @kicillofok”, disparó el legislador, en referencia al de la provincia de Buenos Aires. Según afirmó, el flamante proyecto es “para obligar a los gobiernos provinciales a hacerse cargo”.
“El proyecto que presentamos de ninguna manera limita el acceso de los argentinos a la salud/educación de la CABA”, aclaró García Moritán en su cuenta de Twitter. Y puntualizó: “Lo que proponemos es limitar a los gobernadores incompetentes que se financian con los recursos de los porteños”.
